Opinión MVT
Febrero 16, 2022.- Lo que comenzó como un rumor, se confirmó la tarde del martes: Renuncia el Fiscal General de Justicia del Estado de México.
Le falta prácticamente un año para cumplir con el periodo para el cual fue ratificado por la Legislatura local, pero la decisión está tomada en el mismo Poder Legislativo esperan que la renuncia se presente de un momento a otro.
El hecho de que Alejando Gómez Sánchez deje la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tendrá repercusiones importantes en lo jurídico y en lo político, pues se trata de una posición de suma relevancia en el aparato gubernamental del estado más poblado del país.
Ninguna otra entidad del país cuenta con una Fiscalía de Justicia tan grande y sólida como el Estado de México, ni la capital del país, por lo que todo lo que ahí ocurra tendrá sin lugar a dudas efectos positivos y negativos para los prácticamente 18 millones de personas que habitan en esta entidad.
Cualquier cambio es bueno, dicen los optimistas, y en materia de procuración de justicia puede ser cierto, pues cualquiera que llegue a esa responsabilidad tendrá sin duda alguna la urgencia de hacer algo bien que repercuta en por lo menos una percepción más positiva de cómo funciona actualmente esa institución encargada de la investigación y persecución del delito.
En los últimos tiempos a las autoridades estatales y municipales les ha dado mucho por interpretar las cifras que tienen qué ver con la frecuencia delictiva en el Estado de México. Hay quienes aseguran que en sus territorios municipales, como Toluca, los delitos de alto impacto han bajado hasta en 80 por ciento.
Sin embargo, lo que nadie dice es que se trata únicamente de los delitos denunciados que se convierten en carpetas de investigación, y éstas son minoría. Es decir, de los delitos que se comenten se calcula que menos de la mitad son denunciados, y eso se debe precisamente a la poca credibilidad de la cual goza actualmente la instancia responsable de investigar y perseguir los delitos.
La mayoría de la población cuando es víctima de un delito que no causa mayor daño físico o cuyo monto económico es menor prefiere no denunciar, y lo hace así precisamente porque saben que ir a una agencia del Ministerio Público, en cualquier parte del Estado de México, es sinónimo de todo, menos de una atención expedita y de un trato puntual y humano.
Quien se acerca a una oficina del Ministerio Público sabe que, primero, tendrá que esperar horas y horas a ser atendido, y cuando finalmente lo logre, sabe de antemano que el responsable de esa oficina hará todo lo posible por tratar de convencerlo para que no oficialice la denuncia, le pondrá todo tipo de pretextos y argumentos para procurar que el ciudadano se retire con la idea de que “finalmente estoy vivo”, como si eso fuera verdaderamente un aliciente para “agradecer” la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Quien logra brincar esa barrera burocrática de varias horas de espera y de todos los pretextos para no iniciar una demanda o carpeta de investigación, sabe de antemano que solo una de cada 100 de éstas tendrá un cauce legal a través de una investigación, y menos todavía, una de cada mil, terminará en una sanción real para el victimario.
La mayoría de las carpetas de investigación que se inician nunca irán a ningún lado, pues nunca hay gasolina para que los agentes de investigación salgan a las calles a hacer su trabajo, por el cual cobran, por cierto, y menos aún hay interés real para llevar hasta sus últimas consecuencias un proceso legal que concluya con la captura y castigo al responsable del delito.
Por ello, realmente hoy solo se denuncian los delitos mayores, aquellos que si no se presenta la denuncia correspondiente, el agraviado tiene menos posibilidades de recuperar aquello que le fue arrebatado. Por ejemplo, en materia de robo de vehículos, solo se denuncian aquellos casos en que es aplicable algún tipo de seguro para recuperar el bien, o aquellos de compañías dedicadas a la distribución de materias que pueden recuperar algo de lo robado si entregan la denuncia a la aseguradora. A quien lo roban un vehículo que no tiene póliza de seguro vigente, mejor ni presenta la denuncia, sabe que nunca volverá a ver su carcachita y mejor se hace a la idea de trabajar más por algún día volver a hacerse de otra.
Así es la justicia actualmente en el Estado de México. Ni los delitos considerados graves, como el secuestro, se denuncian en todos los casos, pues la mayoría de víctimas prefieren “negociar” con plagiarios para tratar de recuperar a su familiar con vida, pues dudan sobre la efectividad de cualquier intervención de los “especialistas” de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Por ello, es importante que haya un cambio en la titularidad de esa institución, porque mal o bien vendrá un cambio, y como todo aquel que es recién nombrado en un cargo público, por lo menos tendrá los primeros meses para tratar de demostrar que él si tiene capacidad y, sobre todo, ganas de hacer las cosas para mejorar.
En lo político, el cambio en la titularidad de la Fiscalía General de Justicia se antoja interesante, pues el próximo Fiscal General de Justicia de esta entidad tendrá siete años por delante en esa responsabilidad, y quienes sueñan con ser parte del próximo gobierno estatal, estarán muy interesados en adelantar un alfil de ese tamaño en un cargo tan estratégico para la marcha de los mexiquenses.
Nombres sobran, perfiles ha muchos, pero evidentemente el titular del Ejecutivo del Estado de México tendrá gran interés en garantizar que alguien de su mismo grupo político llegue a ese cargo, mientras que los políticos de izquierda que creen que casi tienen la próxima gubernatura, sin que se hayan llevado a cabo las elecciones, se frotan las manos pensando que alguien de ellos puede posicionarse desde ahora en la oficina principal de la Fiscalía. Al tiempo.