La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) realizó su cuarta sesión itinerante pública en Lerma, donde aprobó por unanimidad dos proyectos de resolución relacionados con los derechos de personas de comunidades originarias: uno sobre presunción de inocencia y otro sobre el derecho a una defensa adecuada con asistencia de intérprete y perspectiva intercultural.
La sesión se llevó a cabo en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay, como parte de las acciones para acercar la justicia a los pueblos originarios y garantizar que sus derechos sean reconocidos y protegidos.
PJEdomex busca acercar la justicia a comunidades indígenas
En un mensaje en video, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, destacó que estas sesiones permiten a la ciudadanía conocer cómo se analizan, deliberan y resuelven los asuntos judiciales.
También reconoció el trabajo de la Sala, encabezada por la magistrada Erika Icela Castillo Vega, y agradeció al presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, por la coordinación para realizar el encuentro.
Por su parte, Castillo Vega señaló que las personas de pueblos originarios tienen derecho a recibir justicia en condiciones que respeten su lengua, identidad y usos y costumbres.
“Ustedes merecen una justicia que hable su lengua, una justicia que ustedes comprendan”, expresó ante integrantes de comunidades indígenas.
La sesión contó con la participación de las magistradas y los magistrados María Rosalba Briseño Alvarado, Verónica Carrillo Carrillo, Arturo Márquez González y Lawrence Eliseo Serrano Domínguez.
Analizan dos casos de personas indígenas
Durante la sesión se revisaron dos asuntos. El primero correspondió a una persona integrante de la comunidad otomí que había sido absuelta de una acusación por robo con violencia.
Tras analizar el expediente, la Sala confirmó la libertad, al considerar que las pruebas presentadas no acreditaron su responsabilidad penal.
El segundo caso fue el de una mujer mazahua de aproximadamente 60 años, originaria de Santa María del Llano, Ixtlahuaca, quien había recibido una sentencia condenatoria de 72 años y un mes de prisión por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
Al revisar el procedimiento, los integrantes de la Sala advirtieron que no se había garantizado su derecho a una defensa adecuada. Tampoco se acreditó que sus defensores conocieran su lengua, sus usos y costumbres y los derechos de su comunidad, ni que hubiera contado con asistencia de una persona intérprete.
Por unanimidad, aprobaron la reposición del procedimiento, lo que significa que el juicio deberá realizarse nuevamente con las garantías necesarias para proteger sus derechos como integrante de un pueblo originario.
Autoridades respaldan la atención judicial con perspectiva intercultural
Al encuentro asistió Margarita Leonor Gopar Pérez, presidenta de la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, una de las dos entidades del país que cuentan con un órgano especializado de este tipo.
El magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial, destacó la importancia de respaldar el trabajo de la Sala mediante personal capacitado, herramientas y recursos que permitan brindar una atención adecuada a las comunidades indígenas.
También estuvieron presentes autoridades estatales, municipales y electorales, representantes de organismos relacionados con los pueblos originarios, integrantes de los órganos judiciales y legisladores.
