Opnión MVT
Febrero 23, 2022.- Quien sea que logre la “fortuna” de ser designado o designada como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para los próximos nueve años, tendrá frente a sí el mayor reto de su vida: devolver la credibilidad a la institución impartidora de justicia, algo en lo que los mexicanos prácticamente ya no creen.
De acuerdo con el último reporte de la organización The World Justice Proyect, la percepción sobre la regulación de poderes en el gobierno, justicia y sobre los derechos humanos empeoró en 2021 con respecto a un año anterior.
México ocupa el lugar 88 de 113 países en niveles de confianza con las autoridades de justicia, de acuerdo con un reporte emitido por la organización The World Justice Project. El año pasado, el país se ubicó en el lugar 79 de 102 naciones.
El índice Rule of Law Index mide los resultados de mil hogares en las tres principales ciudades del país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), a fin de conocer la percepción de la gente sobre el acceso a la justicia en la práctica. Además, cuenta con entrevistas a especialistas en la materia para tener un enfoque académico.
En promedio, México tuvo una tasa de 0.46 puntos, donde 1 es lo máximo y 0 lo mínimo. El año pasado, consiguió 0.47 puntos.
El reporte se realizó con base en 44 indicadores que miden ocho factores: regulaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, qué tan abierto es un gobierno, derechos fundamentales, orden y seguridad, imposiciones regulatorias, justicia civil y justicia criminal.
La mayoría de los índices medidos se mantuvieron en el mismo nivel que el año pasado.
Sin embargo, la percepción sobre la regulación a los poderes de gobierno y los derechos humanos empeoró. En la categoría de gobierno abierto, el país mejoró su calificación.
México se ubica en el puesto 24 de 30 países participantes en América Latina. Dentro de la región, el país con una mejor percepción de seguridad es Uruguay y el peor, Venezuela.
El año pasado, el país obtuvo el puesto 14 de 19 naciones en la región. De acuerdo con el documento, el país donde hay más confianza en las instituciones de justicia es Dinamarca (0.89 puntos). Le siguen Noruega, Finlandia, Suecia y Países Bajos.
El país donde existe menos confianza en las instituciones de justicia es Venezuela (0.28 puntos).
Ese es el marco de la credibilidad que impera hacia la justicia en nuestro país, y en el caso específico del Estado de México la situación no es muy diferente, por el contrario, tiende a empeorar por ser ésta la entidad más poblada del país y una de las de mayores contrastes sociales. Hay pocos muy ricos y muchos muy pobres, en síntesis.
El acceso a la procuración de justicia es limitado en el Estado de México, y en buena medida eso se debe precisamente a uno de los más grandes problemas que acarrea la Fiscalía General de Justicia: la falta de personal.
Se calcula que cada agencia del Ministerio Público en el Estado de México atiende diariamente de 45 a 60 casos; es decir, tendrían que iniciarse alrededor de 60 carpetas de investigación al día, lo que es prácticamente imposible si se calcula que cada una de éstas demanda, en promedio, hora y media de atención de los servidores públicos a los quejosos.
No hay autoridad que aguante ese promedio, por lo que, en los hechos, no se inician ni la mitad de las 60 carpetas de investigación que tendrían que generarse en cada agencia del Ministerio Público, pues en la mayoría de los casos se termina “convenciendo” al ciudadano que en realidad no es la mejor idea iniciar un proceso judicial, se buscan métodos de “conciliación” inmediata, como cuando dos personas se involucran en algún accidente menor de tránsito y se les “empuja” para que cada quien se vaya a su casa y se haga responsable cada uno de los daños materiales provocados en sus respectivas unidades.
Hoy en día la cifra de delitos denunciados va a la baja, por eso las autoridades salen a decir a cada rato que “los delitos van a la baja”. Eso no es cierto en realidad, lo que sucede es que cada día la población denuncia menos los delitos que enfrenta, pues sabe que al final del día las posibilidades de salir bien librados de un proceso judicial son prácticamente nulas.
Dicen los que saben que se denuncia uno de cada diez delitos que ocurren, en el resto de los casos –9— la víctima prefiere irse a su casa a tomarse un té de tila para el coraje, comerse un pedazo de bolillo para el susto, y seguir con sus actividades normales, pues sabe perfectamente que prácticamente nunca va a ganar y mucho menos recibirá justicia plena.
Justicia plena, según los especialistas, sería rápida, pronta, expedita y gratuita, y en la Fiscalía General de Justicia se imparte todo, menos eso. Si se desea obtener la atención de la autoridad ministerial hay que esperar horas y horas, y ya cuando le hacen caso a la víctima, pues hacen todo lo posible para que se arrepienta y mejor se vaya a su casa.
Quienes logran brincar esa barrera y ya cuentan con una carpeta de investigación iniciada, pues tendrán que entrarle con la gasolina, el almuerzo y hasta con viáticos para que algún agente ministerial haga su chamba y busque a los probables responsables del delito.
Pero quizá lo peor es cuando alguien logra que se investigue su asunto y se logra la detención del responsable, pues es entonces cuando entran a la “escena” de la justicia las y los jueces para permitir que la mayoría de los responsables del delito se vayan a sus casas tan frescos y contentos como estaban antes de ser detenidos.
Esa es la realidad que enfrentará quien se atreva a postularse para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, una institución que se quiso modernizar hace algunos años y que lo más que logró es que le pintaran de un color diferente la fachada de su edificio central, porque, por dentro, es la misma Procuraduría General de Justicia que tanto dijeron que se iba a enterrar: sucia, vieja, poco operativa, muy burocrática y terriblemente corrupta. ¿Alguien se anima?