Fiscalía revela presunta red de extorsión en verificentros del Edomex
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó una presunta red de extorsión que habría operado desde finales de 2023 contra propietarios de Centros de Verificación Vehicular, con la probable participación de servidores públicos, exfuncionarios y particulares. La investigación señala que el esquema incluía cobro de cuotas, bloqueo de sistemas, suspensión de servicios, amenazas y presión para ceder concesiones.
De acuerdo con la Fiscalía, las indagatorias se desarrollan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y buscan determinar el número de verificentros afectados, así como la participación de las personas involucradas.
El Estado de México cuenta con 163 verificentros y 878 líneas de verificación para atender a un padrón superior a siete millones de vehículos sujetos a verificación semestral.
¿Cómo operaba la presunta red de extorsión?
Las investigaciones establecieron que el esquema habría impuesto a los concesionarios cuotas mensuales y pagos relacionados con el número de verificaciones y líneas de servicio.
Según los testimonios incorporados a las carpetas de investigación, estas exigencias habrían provocado que algunos concesionarios trasladaran los costos a los usuarios mediante cobros irregulares para evitar multas o permitir la verificación de vehículos fuera de los plazos establecidos.
Bloqueos y suspensión de verificentros
La Fiscalía también detectó posibles abusos relacionados con el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV).
Aunque este sistema tiene como finalidad supervisar las verificaciones y prevenir irregularidades, la investigación señala que habría sido desactivado de manera remota desde el Centro de Control de la Secretaría de Medio Ambiente estatal.
Los bloqueos podían extenderse durante horas, días o meses y, en algunos casos, estar acompañados de procedimientos administrativos.
Entre las supuestas irregularidades utilizadas para justificar estas acciones se encontraban cuestiones relacionadas con logotipos, equipos de cómputo o diferencias entre las inspecciones y las imágenes captadas por las cámaras.
La Fiscalía investiga si la reactivación del sistema habría sido utilizada como mecanismo de presión para exigir nuevos pagos.
Exigían hasta 500 mil pesos por cada línea de verificación
La investigación también documentó presuntas exigencias económicas vinculadas con la revalidación de concesiones.
De acuerdo con la FGJEM, en marzo de 2026 habría circulado una instrucción para exigir 500 mil pesos por cada línea de verificación. Considerando las 878 líneas que actualmente operan en la entidad, el monto potencial habría superado los 430 millones de pesos.
La Fiscalía señaló que esta cantidad sería adicional a las cuotas mensuales y otros pagos que presuntamente exigía el grupo.
Fiscalía investiga posible apropiación de concesiones
Otra de las líneas de investigación apunta a que algunos concesionarios habrían sido presionados para ceder porcentajes de sus empresas.
Para ello, presuntamente se obstaculizaban los procesos de revalidación, se retrasaba la entrega de información y se emitían concesiones por periodos variables.
La Fiscalía también investiga el uso de al menos dos razones sociales que estarían relacionadas con los involucrados y que, según los testimonios, habrían utilizado como argumento contar con protección de actores políticos.
Fiscalía asegura cinco verificentros
Entre el 10 y el 14 de agosto, la Fiscalía del Estado de México aseguró cinco Centros de Verificación Vehicular como parte de las investigaciones.
Dos de los establecimientos se encuentran en Nezahualcóyotl y los demás en Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla.
Además, agentes ministeriales realizaron cateos en oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal ubicadas en Tlalnepantla y Metepec, donde fueron asegurados diversos indicios.
La Fiscalía solicitó a las autoridades ambientales documentación relacionada con los centros asegurados para establecer responsabilidades y revisar los antecedentes jurídicos de las concesiones.
Dos funcionarios fueron vinculados a proceso
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el 10 de agosto durante un operativo en el que participaron elementos de la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.
El 16 de agosto fueron vinculados a proceso. Raúl “N”, quien se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, enfrenta una acusación por extorsión agravada; mientras que Carlos Eduardo “N” fue vinculado por abuso de autoridad.
Ambos permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.
La Fiscalía recordó que los imputados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.
Fiscalía mantiene abierta la investigación
La FGJEM informó que continuará con las investigaciones sobre la presunta estructura delictiva y los Centros de Verificación Vehicular que pudieran estar involucrados en actividades ilícitas.
También llamó a concesionarios, empresarios y asociaciones de verificentros a denunciar cualquier acto de coacción o exigencia económica ilegal.
