Introducción: Cancela Fiscalía disculpa pública a víctimas de feminicidio y desapariciones; Amnistía Internacional asegura que es indolencia y falta de respeto.
Agencia MVT / Martha Romero
TOLUCA, México, 16 de Noviembre de 2022.- Amnistía Internacional manifestó su profunda indignación por la decisión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de cancelar la disculpa pública que ofrecería este miércoles su titular, José Luis Cervantes Martínez, a las familias de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, quienes fueron víctimas de feminicidio y desaparición en la entidad.
La decisión fue informada a Amnistía Internacional la tarde del martes 15 de noviembre de 2022; es decir, a unas horas de llevarse a cabo la medida de satisfacción que estaba prevista para este miércoles 16 de noviembre, a las 10:00 horas.
Indolencia y falta de respeto de la Fiscalía General de Justicia
«La cancelación de esta disculpa es una muestra de indolencia y una falta de respeto al duelo de estas familias que han luchado por años invirtiendo recursos, tiempo, y han arriesgado su seguridad e incluso su vida, en la búsqueda de justicia», declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Precisó que la autoridad se disculparía por las deficiencias registradas en las investigaciones de cada uno de los casos y por los maltratos a que han sometido a las familias, por lo que la cancelación de la disculpa pública se suma a estos actos de violencia institucional que la Fiscalía ha cometido en contra de las familias de las víctimas de feminicidio.
Por ello, dijo, desde Amnistía Internacional expresan su solidaridad con María Antonia Márquez, mamá de Nadia, Laura Curiel, mamá de Daniela, Lidia Florencio Guerrero y Laura Velázquez, mamá y hermana de Diana, y Ana Sosa, hija de Julia, ante este nuevo agravio; sin embargo, adelantó que su movimiento continuará luchando codo a codo con las víctimas hasta que tengan verdad, justicia y reparación integral del daño.
Deficiencias de la Fiscalía en investigación de casos de feminicidio y desapariciones
Las deficiencias referidas han obstaculizado el proceso judicial y generado impunidad. En el caso de Nadia Muciño Márquez, su familia lleva 18 años sin justicia, en el de Daniela Sánchez Curiel, siete años, en el de Diana Velázquez Florencio, cinco años y en el de Julia Sosa Conde, cuatro años. Los cuatro casos están documentados en el informe de Amnistía Internacional: Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.
A pesar de la decisión tomada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Amnistía Internacional decidió, desde su papel de facilitadora de la gestión de la disculpa pública entre las autoridades y las familias, hacer acto de presencia a las puertas de dicha institución a la espera de que la autoridad cumpliera con su palabra.
Activación a la memoria de víctimas de feminicidio
Además, en solidaridad con las familias de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, activistas de Amnistía Internacional organizaron en la explanada de la fiscalía estatal una activación en honor de su memoria.
De manera simultánea se llevó a cabo una difusión masiva de tweets en las redes sociales del movimiento, que fue apoyada por activistas de Amnistía Internacional en otros países, quienes están dando seguimiento al proceso de la disculpa pública.
La disculpa pública es obligación del Estado
Además de estar incluidas en diversas sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las disculpas públicas están incorporadas en diversas leyes mexicanas: Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado, Ley de Víctimas, Ley de reparaciones, Ley de Amparo y en la Ley General de Víctimas, promulgada el 9 de enero de 2013, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1°, artículo 17° y el 20, apartado C, de la Constitución Mexicana.
La disculpa pública la debe ofrecer el Estado y en ella tiene que aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas a los derechos humanos. La misma debe ser, en sus términos, una forma digna de reparación del daño que satisfaga plenamente a las familias de las víctimas.