Staff MVT
TOLUCA, México, 25 de Marzo.- Los derechos humanos de las personas trans son vulnerados de muchas maneras; su discriminación empieza desde la imposibilidad que se les presenta para poder identificarse, ya que los documentos oficiales exigen una correspondencia entre la apariencia física actual, las fotografías y el nombre asignado.
Así lo consideró la especialista Velvet Romero García, quien detalló que las barreras legales que se les presentan para poder cambiarse de nombre y posteriormente, solicitar la misma modificación en toda la documentación implican un proceso sumamente largo que no siempre se puede lograr.
La colaboradora de la Revista Sociedades y Desigualdades, editada por el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, señaló que la situación de los derechos de las personas trans dentro de reclusión se ve agravada por las propias condiciones en las que son recluidos, al sólo considerar el sexo como factor determinante para separarlos de la población femenina y ubicarlos con la masculina, donde suelen ser víctimas de actos violentos.
Sostuvo que aunque existen normativas nacionales e internacionales para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas trans, ellos se ven vulnerados por las prácticas que se dan en los centros de reclusión.
Las discriminaciones de las que son objeto, afirmaron, surgen por el hecho de ser diferentes; por lo tanto, además de ser protegidos por los derechos universales, se deben considerar sus propias necesidades y especificidades.
Estos derechos “identitarios” afirmarían que hay muchas maneras de constituirse como ser humano y las personas trans son un ejemplo de ello, su exclusión a ciertos derechos no puede considerarse como una exclusión “legítima”, lo que hay que hacer es establecer un principio de equivalencia, donde se considere que las diferencias en realidad son una base para la igualdad.
Al estar en reclusión, puntualizó Velvet Romero García, las y los internos trans suelen tener dificultades para acceder a sus tratamientos hormonales y el si tienen o no derecho a servicios de este tipo dentro de las instituciones penitenciarias es un tema de especial interés.
Al respecto, dijo, existen dos posturas antagónicas: la primera concibe que es el Estado el que debe proveer o al menos darles las facilidades necesarias para que les pueda reasignar el sexo a través de métodos hormonales o quirúrgicos, mientras que la segunda perspectiva argumenta que al Estado no le corresponden este tipo de intervenciones, porque son de carácter más “cosmético”, así que los sujetos tienen “plena libertad” de hacérselas siempre y cuando sea con sus propios medios y bajo ciertas condiciones.