José Contreras Contreras
TOLUCA, México, 2 de Febrero.- Después de casi tres años, 50 audiencias en juzgados orales y cientos de horas soportando frente a frente ante los presuntos captores y homicidas de su hijo, el señor Alfredo Martínez González sigue esperando que se haga justicia y se aplique una condena ejemplar a quienes secuestraron y privaron de la vida al menor Carlos Eduardo Martínez, a quien las autoridades del Colegio Montessori de Toluca prácticamente entregaron a sus asesinos.
El próximo 14 de Febrero, mientras muchos celebrarán el Día del Amor y la Amistad, para el octogenario Alfredo Martínez González, se cumplirá el tercer año de que dejó de ver a su hijo, Carlos Eduardo Martínez, pues cuando lo fueron a recoger al Colegio Montessori de Toluca, donde él estudiaba, simplemente nadie les supo decir dónde estaba, pues, en contra del reglamento de esa institución educativa, lo habían dejado salir sin la presencia de sus familiares, porque estaban en la fiesta de San Valentín.
Hace tres años el secuestro del menor Carlos Eduardo Martínez consternó a la sociedad toluqueña, no solamente porque se trató de un plagio cometido a las puertas de una empresa educativa que, como el Colegio Montessori, se ufana de la seguridad que “garantiza” a sus alumnos, sino, además, porque el caso tuvo un desenlace cruel cuando se localizaron los restos mortales del joven de solo 15 años, técnicamente abandonados en la morgue de Tenancingo, donde habían permanecido casi medio año sin ser identificados por los presuntos especialistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
En torno a ese caso se pronunció la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de la Recomendación 10/14, girada a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en la cual se pusieron al descubierto múltiples irregularidades cometidas por una decena de servidores públicos, quienes no fueron capaces de cumplir los protocolos establecidos a nivel nacional e internacional para la identificación y tratamiento de personas desaparecidas.
Solo por mencionar algunas de las irregularidades señaladas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el cadáver de Carlos Eduardo no fue identificado científicamente después de levantarlo del fondo de la barranca del Puente Calderón, en la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, donde sus homicidas lo arrojaron, con vida, desde una altura superior a los 200 metros.
Inicialmente el cuerpo de quien fuera estudiante del Colegio Montessori de Toluca fue enviado al Servicio Médico Forense de Villa Guerrero, donde estuvo por lo menos tres días, pero como ese mismo periodo no fue a laborar el médico legista y no había refrigerador en esa institución, decidieron enviarlo a Tenancingo para su almacenamiento, sin ser nunca identificado.
Ya en Tenancingo, el cadáver de Carlos Eduardo fue revisado por un grupo de “practicantes” que hacían su servicio social en la PGJEM, quienes lo calificaron como “el cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, moreno, muerto por estallamiento de vísceras por caída”. Cabe señalar que en realidad era un menor de edad, de solamente 15 años, de piel blanca.
Derivado de esa errónea identificación y clasificación, al cadáver nunca se le vinculó con la ficha de Alerta Amber que se emitió en la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México casi un mes después de la desaparición del llamado Niño Montessori.
Medio año después, Don Alfredo Martínez González recibió un llamado telefónico, un domingo por la mañana, en el cual se le informó que había sido localizado el cuerpo sin vida de su hijo, el cual llevaba seis meses en una gaveta del Servicio Médico Forense, fuera de toda posibilidad de identificación, pues el dictamen oficial nunca incluyó elementos básicos como huellas dactilares o historia dental.
A partir de esos hechos, la Procuraduría General de Justicia inició la averiguación que dio como resultado la identificación y localización de los presuntos responsables del secuestro y asesinato de Carlos Eduardo. Se trataba de una mujer, quien conoció al menor porque trabajó en un negocio contiguo al de su padre, y tres hombres, la pareja sentimental de la que organizó todo porque creyó que el progenitor del niño tenía “mucho dinero” para pagar el rescate, y otros dos, “chatarreros” que se ganaban la vida comprando y vendiendo fierro viejo, a quienes se les prometió dinero si ayudaban en el plagio.
Después de la captura de quienes fueron identificados como: Beatriz Alejandra Morales Sendo, Margarito Salas Reyes, Emiliano Victoria Rodríguez y Silverio Victoria Hernández, comenzó para Don Alfredo Martínez un largo peregrinar por los juzgados en busca de justicia.
“Ya llevamos casi 50 audiencias en las salas de juicios orales, pero los asesinos de mi hijo siguen riéndose de nosotros, del juez y de la justicia. Cambian abogados, se hacen los enfermos, recurren a cualquier treta para retrasar el juicio, y el juez simplemente los complace en todo. Pareciera que el Poder Judicial está al servicio de esos asesinos, no de las víctimas”, dice entre lágrimas.
Advirtió que han sido cuatro jueces los que han tenido conocimiento del caso, pero ninguno de ellos ha sido capaz de resolver el caso, todos han aplazado las resoluciones, les han dado todas las posibilidades de evadir la acción de la justicia y han “consentido” a quienes desde el principio confesaron haber sido los responsables del secuestro y homicidio del menor Carlos Eduardo.