¿Inocente?
Por: José Contreras Contreras
La captura de Hugo del Pozzo Rodríguez tiene distintas lecturas. Por una parte, para la actual administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, institución que presuntamente defraudó este sujeto por más de 50 millones de pesos, debe ser visto el asunto como ejemplo de transparencia, legalidad y rendición de cuentas; en tanto, para la anterior gestión de la UAEM, aquella que encabezó Eduardo Gasca Pliego, ahora flamante secretario de Cultura y Deporte de la administración estatal, pues el caso tendría que ser motivo de reflexión sobre aquello de pecar por omisión.
El caso de Del Pozzo Rodríguez se ha ido haciendo famoso con el paso de los meses, sobre todo desde que la actual administración universitaria, que encabeza Jorge Olvera García tuvo la decencia de hacer público un asunto que, al menos en otros tiempos, seguramente se hubiera tratado de mantener en sigilo, en la confidencialidad que favorece el principio de investigación judicial, y, sobre todo, las razones políticas que siempre imperan cuando se trata de hacer creer a los ciudadanos que las instituciones “nunca fallan”.
En el caso de Hugo del Pozzo Rodríguez las instituciones sí fallaron. Fallaron porque alguien permitió que ese señor, entonces secretario de Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de México, hiciera una serie de maniobras para concretar un acuerdo de venta o prestación de servicios de la UAEM con el gobierno de Oaxaca, el cual consistía en que los investigadores universitarios desarrollarían un programa de computadora (software) para la administración pública de ese estado del sur de la República Mexicana, presumiblemente para una mejor gestión de algunos procesos administrativos oaxaqueños.
Hasta ahí las cosas hubieran estado bien, pero lo malo, hasta donde se sabe en la investigación, es que Del Pozzo nunca reportó el convenio que él suscribió a nombre de la UAEM con el gobierno de Oaxaca, por lo que tampoco nunca se llevó a cabo el desarrollo del mencionado programa de computación y mucho menos se entregó éste a quien lo había ordenado.
Sin embargo, en toda esa maniobra hubo de por medio algo así como 50 millones de pesos, los cuales Del Pozzo habría recibido del gobierno de Oaxaca, pero no los reportó y menos los ingresó a las cuentas bancarias de la máxima casa de estudios mexiquense, por lo que, se supone, simplemente se los quedó y los desvió para sus fines personales, incurriendo con ello, además del fraude que implicó todo el proceso, en un claro asunto de enriquecimiento ilícito e incluso de abuso de autoridad, pues hay que recordar que toda la maniobra la concretó haciendo uso de un cargo público, aprovechando la confianza que como servidor universitario se le tenía.
Así Del Pozzo presuntamente se apoderó de la nada despreciable cantidad de 50 millones de pesos, y se supone que el incumplimiento no fue denunciado en principio por el gobierno de Oaxaca porque supuestamente también quien pactó el acuerdo para el desarrollo del software habría estado esperando una “mochada” de la transacción, porque, por supuesto, se supone que ahí había “dinero de más” que tendría que repartirse entre los participantes del “negocito”, tanto de Oaxaca, como de la anterior administración universitaria.
Luego se supone que vino la presión cuando la Contraloría de Oaxaca detectó la salida de los 50 millones de pesos pero no encontró el famoso programa de computación que respaldara la operación, por lo que comenzaron a presionar a la Universidad Autónoma mexiquense, la cual, para entonces, ya estaba en pleno proceso de sucesión de rector, por lo que los que eran ya iban de salida, comenzando por Del Pozzo.
Fue entonces que el gobierno de Oaxaca decidió que, antes de que todos se echaran a correr, demandó judicialmente a la UAEM exigiendo el cumplimiento del contrato o la devolución del dinero, los 50 millones de pesos que ya se habían pagado, más intereses por los daños y perjuicios causados a la administración pública oaxaqueña.
Se supone que cuando los citatorios comenzaron a llegar ya había un nuevo rector en la UAEM, también un nuevo secretario de Finanzas, y fue entonces que todo quedó al descubierto, en el entendido de que todos los relacionados con el presunto fraude ya se habían ido.
Y ahí es cuando entró a la escena la administración que encabeza el rector Jorge Olvera García, la cual decidió irse por el camino de la legalidad y la transparencia, primero notificó que investigaría el asunto para estar en condiciones de responder ante los tribunales, y una vez que así lo hizo simplemente emprendió una demanda formal en contra de quien o quienes resultaran responsables.
Algo admirable fue que Olvera García y su equipo de colaboradores transparentó desde el primer momento el asunto, simplemente al hacerlo público demostró que no estaban dispuestos a contribuir con el anonimato y mucho menos con una condición de complicidad en la opacidad.
Y desde ese momento es cuando surgen las serias dudas acerca de qué es lo que hizo o no hizo la anterior administración universitaria para impedir un fraude de ese tamaño.
Las dudas son muchas, comenzando por ¿qué es lo que estaba haciendo el entonces rector Eduardo Gasca Pliego para no darse cuenta que su secretario de Finanzas se estaba llevando a su casa 50 millones de pesos de lo que debió ser patrimonio universitario?
¿Qué es lo que permitió a Hugo del Pozzo Rodríguez concretar toda la farsa del supuesto convenio con Oaxaca, el software que nunca se desarrolló y un convenio de prestación o venta de servicios que nunca se verificó en la Contraloría Universitaria?
Hay pocos que creen que en todo este asunto el ex rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego, sea del todo inocente. Muchos concuerdan en que, una de dos, o verdaderamente pecó de «confiado” o de “tarugo”, pues nadie cree del todo eso de que Del Pozzo Rodríguez se llevó a su casa 50 millones de pesos sin que nadie se percatara del hecho.
¿O el entonces secretario de Finanzas de la UAEM, Hugo del Pozzo Rodríguez, era verdaderamente un mago financiero y administrativo para desviar 50 millones de pesos sin que nadie se diera cuenta, o el entonces rector era verdaderamente tan “distraído” para que le pasaran enfrente 50 millones de pesos sin darse cuenta?
Ojalá que la investigación que sobre el asunto realiza la ahora Fiscalía General de Justicia aclare las cosas y permita castigar verdaderamente al o a los responsables, pues poco creen que en el asunto solamente haya estado implicado Del Pozzo Rodríguez.
Y aunque así fuera, pues es evidente que sería Sin Sentido que al ex rector Eduardo Gasca Pliego, ahora secretario de Cultura y Deporte, no se le juzgue también, mínimo por omisión. Veremos.