Integrantes de centros de rehabilitación piden regulación sin criminalización
Integrantes de centros de tratamiento de adicciones, entre ellos la agrupación conocida como “La Patrulla Espiritual”, se manifestaron de manera pacífica en la capital mexiquense para expresar su inconformidad ante la clausura de diversos anexos en la entidad.

Protesta en el centro de Toluca
La movilización inició alrededor de las nueve de la mañana en la Plaza de los Mártires, donde activistas y representantes de estos centros externaron su rechazo a las acciones implementadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Lo anterior, luego de que recientemente se llevara a cabo la clausura de 53 centros de rehabilitación, presuntamente por operar de forma irregular o por su posible vínculo con diversos delitos.
Llaman a construir una política integral de atención
Durante la protesta, participantes —entre ellos el personaje conocido como “El Chiquilín”, de “La Patrulla Espiritual”— señalaron que la manifestación se realizó de manera ordenada y sin actos de violencia.
Asimismo, aseguraron que han sostenido acercamientos con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de avanzar en la construcción de una política sanitaria que regule y fortalezca el funcionamiento de estos espacios.
Piden reconocimiento y marco legal claro para los anexos
Los manifestantes solicitaron que la actividad de los centros de rehabilitación no sea criminalizada, sino regulada mediante un modelo legislativo que les permita operar con certeza jurídica y mayor capacidad de atención.
Indicaron que muchos de estos espacios cuentan con certificaciones, personal capacitado y experiencia en el tratamiento de adicciones, por lo que consideran necesario fortalecer su labor en beneficio de personas en situación crítica.
Además, subrayaron que no se oponen a las inspecciones por parte de las autoridades, siempre que estas se realicen bajo criterios claros y justos.
Con esta movilización, los participantes buscan abrir el diálogo con las autoridades para construir soluciones que garanticen tanto la legalidad como la atención adecuada a quienes enfrentan problemas de adicción.