El convenio fortalece la libertad de expresión y la protección integral con estándares internacionales
Toluca, Estado de México, 18 de febrero de 2026.– El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, cumplió su compromiso de establecer un protocolo acorde a estándares internacionales para salvaguardar la vida, integridad y libertad del gremio periodístico, tras diversas mesas de diálogo y encuentros con representantes del sector.
En presencia del Secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales, como testigo de honor, el alcalde firmó un convenio de coordinación interinstitucional con Luis Miguel Carriedo, titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos (CEMPIDH), en materia de protección integral a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Protocolo con estándares nacionales e internacionales
Durante la conferencia “La Toluqueña”, Ricardo Moreno destacó que este esfuerzo surge de la convicción de garantizar que las y los periodistas ejerzan su profesión con plena libertad y seguridad.
El convenio contempla reforzar la capacitación de la policía municipal en estándares nacionales e internacionales, con perspectiva de género y derechos humanos, a fin de prevenir cualquier acción que vulnere la libertad de expresión.
Asimismo, el alcalde ofreció una disculpa al gremio periodístico por los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, en los que se vio involucrada la policía municipal, y reiteró la disposición del Gobierno local para respetar y proteger la labor informativa.
Revisión técnica y fortalecimiento institucional
Moreno Bastida explicó que, tras las reuniones convocadas por la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, se elaboró el protocolo correspondiente, el cual fue entregado para su valoración técnico-jurídica por parte de la CEMPIDH, a fin de obtener, en su caso, la opinión favorable correspondiente.
Por su parte, Luis Miguel Carriedo reconoció el valor social de contar con un instrumento sujeto a revisión especializada que impida cualquier obstáculo que ponga en riesgo la libertad de expresión y la labor de defensa de los derechos humanos.