Toluca, Méx., 11 de enero de 2009.- Frenar el aumento constante que se registró en el preciso de la gasolina a partir del segundo semestre del 2008 podría beneficiar al sector rural, pero la medida sería todavía más positiva si se incluyera también el diesel que se emplea para mover tractores y otras máquinas agrícolas, advirtió la presidenta de la Confederación Agrarista de México, María Elena Serrano Gutiérrez.\r\nExplicó que detener el aumento a las gasolinas e incluso reducir el precio del gas LP impactan favorablemente en los campesinos que mueven su producción en camionetas y camiones, pero dijo que esto sería todavía más favorable si hubiera un descuento en el diesel, pues con ese tipo de combustible se mueven tractores, cosechadoras y otros implementos agrícolas.\r\n»Si se logra detener la escalada de precios, vía la disminución del costo de la gasolina, los insumos para el campo también detendrán su costo», indicó la dirigente, y detalló que los procesos de transportación para la comercialización de maíz representa por lo menos un 15 por ciento del precio final que el consumidor debe pagar.\r\nSerrano Gutiérrez señaló que el campo no significa sólo la compra de fertilizantes y semillas para los campesinos que utilizan tecnología, también el precio de la gasolina les impactaba directamente, porque el combustible para utilizar un tractor no era gratuito, y por tanto, se generará si no un ahorro, por lo menos no aumentarán los gastos para hacer producir la tierra.\r\nPor otra parte, la dirigente estatal de la Confederación Agrarista Mexicana señaló que el gobierno federal anunció la aplicación inmediata del presupuesto 2009, “lo que no debe incluir sólo el dinero para obras, sino también los recursos de los programas agropecuarios, por lo que estos deben bajar rápidamente y evitar el problema del año 2008, cuando hasta diciembre todavía faltaba por aplicar más del 50 por ciento del presupuesto anunciado”.\r\nIndicó que para ese objetivo las dependencias federales deben reducir los trámites y requisitos que se establecen a los productores agropecuarios para acceder a los programas. “Si se tardan hasta cuatro meses en recibir, revisar y aprobar un proyecto, el lógico que el dinero llegará tarde, y eso es lo que se debe evitar”, concluyó María Elena Serrano Gutiérrez.\r\n