Agencia MVT
- “El gobierno federal no ha invertido un solo peso en las universidades y tecnológicos de excelencia”, expresó.
Metepec, Estado de México, 23 de mayo de 2021.- Ana Lilia Herrera Anzaldo, candidata a la diputación federal del Distrito 27, aseguró que el gobierno federal está en deuda con los jóvenes a quienes les ha negado la educación de calidad, pues en estos tres años no ha invertido un solo peso en universidades públicas como la UNAM, universidades autónomas estatales y tecnológicos.
En el marco del Día del Estudiante, Herrera Anzaldo explicó que en 2019 se aprobó una reforma constitucional en materia educativa para establecer la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, pero además la oposición logró poner un artículo transitorio que exige la creación de un fondo federal especial para hacerlo realidad.
“Pero no se ha concretado en los presupuestos de Egresos de la Federación de los años 2020 y 2021”, afirmó.
La abanderada de la coalición “Va por México” dijo que en cambio, el gobierno federal ha destinado mil millones de pesos a las universidades Benito Juárez, muchas de las cuales carecen de planteles, talleres, laboratorios y cuyos planes de estudio no tienen validez oficial.
“Esto significa que los egresados tendrán nulas oportunidades laborales, no podrán continuar con una especialización y mucho menos contarán con la preparación para un mundo globalizado y competitivo”, expresó.
En ese sentido, Ana Lilia Herrera refrendó su compromiso con los estudiantes del país para crear leyes y presupuestos que impulsen la educación dual y sus primeros empleos sean una verdadera oportunidad laboral; aumento de presupuesto a las universidades públicas de excelencia.
Asimismo, becas para movilidad estudiantil en universidades nacionales e internacionales; clases de inglés en las escuelas públicas para que los jóvenes tengan oportunidades en todo el mundo; que estudiantes y sus familias tengan acceso a lugares de internet sin costo y si lo pagan, puedan deducir el pago.
Además de destinar mayores presupuestos para ciencia y tecnología a fin de acercarse a los niveles de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); es decir, el 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB).