Agencia MVT / Staff
ALMOLOYA DE JUÁREZ, México, 18 de Diciembre.- El Representante Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó la probable responsabilidad de una mujer, en el delito de trata de personas en la modalidad de explotación a través de la prostitución sexual ajena con la agravante de que una de las víctimas sea menor de edad, ilícito por el que la Autoridad Judicial con sede en Almoloya de Juárez, determinó vincularla a proceso.
La probable responsable fue identificada como Alejandra “N”, quien presuntamente obligaba a varias mujeres, entre ellas una menor de edad, a entregarle el dinero que obtenían por sostener relaciones sexuales con hombres.
La detención de esta persona, fue realizada en la capital mexiquense en cumplimiento de una orden de aprehensión que existía en su contra por este delito.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de esta Institución, se pudo establecer que desde el pasado mes de mayo, la probable responsable presumiblemente obligaba a las víctimas a entregarle el dinero que obtenían a cambio de mantener relaciones sexuales con hombres, e incluso si no cumplían con una cuota impuesta, las agredía físicamente.
De igual forma, Alejandra “N”, era quien les conseguía a clientes para que sostuvieran relaciones sexuales con ellos a cambio de dinero en efectivo.
Cabe mencionar que una vez que las víctimas denunciaron los hechos ante esta Institución, fue iniciada una indagatoria y con los datos recabados, el Ministerio Público solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de la probable responsable, la cual fue otorgada y cumplimentada.
La presunta responsable fue ingresada al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, en donde quedó a disposición de un Juez, autoridad que luego de revisar los elementos de prueba recabados y aportados por el Representante Social, la vinculó a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación a raves de la prostitución ajena con la agravante de que una de las víctimas sea menor de edad, y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación. A esta persona se le presume inocente, hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.