Staff MVT
TOLUCA, México, 22 de Marzo.- La Autoridad Judicial con sede en Lerma determinó vincular a proceso a Fernando González García, de 44 años de edad, y a César Pérez Armas, de 33 años, luego de que el Representante Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) acreditó su probable responsabilidad en el delito de robo de vehículo con violencia.
Ambos sujetos fueron detenidos por Agentes de Investigación de la PGJEM, como resultado de un operativo realizado en el municipio de Lerma, luego de registrarse varios robos de vehículo con violencia en el Valle de Toluca.
Durante la movilización les fueron asegurados los siguientes vehículos:
Automóvil marca Nissan, tipo Sentra, reportado como robado el pasado 17 de febrero
Vehículo Dodge, tipo Journey, con reporte de robo, iniciado el pasado 17 de febrero
Vehículo marca Volkswagen, tipo Golf, reportado como robado el pasado 16 de febrero
Así como dos automóviles más marca Nissan.
De acuerdo con las indagatorias realizadas por personal de la PGJEM, se pudo determinar que estos sujetos presuntamente conforman una banda delictiva dedicada al robo de vehículo en el Valle de Toluca, además de que las unidades automotrices obtenidas posteriormente son trasladadas al estado de Morelos, en donde al parecer son comercializadas.
Derivado de la detención de estos individuos y como parte de las indagatorias realizadas por esta Institución, el Agente del Ministerio Público solicitó a un Juez librar órdenes de cateo para dos inmuebles localizados en el municipio de Lerma, sitios que presuntamente eran utilizados por los probables responsables para cometer actividades delictivas.
La Autoridad Judicial con sede en Lerma otorgó una orden de cateo para dos domicilios ubicados en el Fraccionamiento Santa Clara; en el lugar los servidores públicos de esta Institución localizaron diversos documentos como cartas responsivas y facturas de vehículos, todos al parecer apócrifos, por ello ambos inmuebles quedaron asegurados.
Los dos probables responsables fueron puestos a disposición de un Juez, quien los vinculó a proceso y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación, sin embargo se les presume inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.