TOLUCA, México, 3 de Feb.- El Instituto Electoral del Estado de México podría retomar, para su análisis, algunas de las denuncias que con anterioridad presentaron partidos como Acción Nacional y de la Revolución Democrática, sobre presunto uso de recursos públicos con fines de promoción personal de servidores públicos federales, estatales y municipales.\r\nEl consejero electoral Arturo Bolio Cerdán indicó que tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que faculta a las autoridades electorales locales a conocer y, en su caso, sancionar este tipo de conductas, el Consejo General del IEEM podría revisar algunos expedientes que en su oportunidad se desecharon.\r\nExplicó que el dictamen del TEPJF refiere que las autoridades electorales de los estados podrán dar entrada a este tipo de casos, analizar su fundamentación y resolver si existe o no materia para una eventual sanción.\r\nSin embargo, precisó que no se trata de presumir que toda conducta denunciada deba ser objeto de sanción, toda vez que se deben considerar circunstancias como el hecho de que la conducta referida verdaderamente incida de forma negativa en materia electoral; esto es, que beneficie a un determinado partido o que influya en la toma de decisiones de los electores.\r\nConsideró que se podrían revisar todos los expedientes que se tienen respecto a ese tipo de conductas, pero eso no quiere decir que vayan a ser motivo para imponer sanciones a cualquier tipo de servidores públicos.\r\n»Ahora, la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya faculta ión, a las autoridades electorales de los estados a revisar esos casos, pero antes de cualquier tipo de sanción, habría que determinar que la conducta que se acusa influya realmente en materia electoral, y que el que acusa aporte todos los elementos necesarios para fundamentar su queja», indicó.\r\nFinalmente, Bolio Cerdán consideró que las modificaciones al marco legal deben observarse con mucho cuidado, pues no se trata de desatar una «cacería de brujas» que se convierta en persecución sistemática de servidores públicos, sino de una medida que busca abonar a la transparencia e imparcialidad de los procesos electorales.\r\n