El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) aprobó una Política Integral de Salud para su personal y cambios en la estructura del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con el objetivo de fortalecer el bienestar laboral y facilitar la resolución de conflictos mediante servicios virtuales.
Los acuerdos fueron avalados durante una sesión ordinaria del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), encabezado por el magistrado Fernando Díaz Juárez, con la participación de autoridades judiciales invitadas e integrantes de este órgano.
PJEdomex impulsará la prevención y atención de la salud laboral
La Política Integral de Salud establece acciones para proteger el bienestar físico y emocional de las personas servidoras públicas del Poder Judicial mexiquense.
Entre las medidas contempladas se encuentran exámenes médicos preventivos, campañas de vacunación, orientación nutricional, activación física, primeros auxilios y atención a la salud mental. También considera consultorios médicos básicos, seguros médicos complementarios y apoyos económicos ante contingencias.
El acuerdo incorpora canales confidenciales para denunciar situaciones de violencia laboral, así como evaluaciones para identificar riesgos psicosociales y acciones para prevenirlos.
Además, establece medidas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, con atención prioritaria para trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, así como para personas en situación de vulnerabilidad o con enfermedades degenerativas.
La Dirección General de Administración será responsable de ejecutar las acciones, mientras que la Dirección General de Finanzas y Planeación realizará las gestiones presupuestales correspondientes.
Centro Virtual de mediación buscará agilizar la justicia
El Pleno también aprobó modificar la estructura orgánica del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CPMASC), a partir de una propuesta de su titular, la magistrada Blanca Colmenares Sánchez.
El ajuste permitirá formalizar el Centro Virtual como una unidad administrativa dependiente de la Dirección General, con responsabilidades y lineamientos propios para fortalecer su operación y coordinación con los juzgados.
Para la ciudadanía, el cambio busca facilitar las juntas informativas y las sesiones de mediación a distancia, dar seguimiento continuo a los expedientes y reducir los traslados y trámites en papel.
El esquema también contempla la comunicación en tiempo real entre los órganos jurisdiccionales y el Centro Público, además del envío electrónico de constancias directamente a los expedientes judiciales, con el propósito de evitar retrasos en los procedimientos.
Habrá personal asignado y pruebas piloto en juzgados
La reorganización prevé contar con personal fijo para atender los asuntos desde su inicio hasta su conclusión, además de establecer procedimientos para canalizar los casos desde los juzgados.
La propuesta retoma la experiencia de atención virtual desarrollada durante la pandemia de COVID-19 e incluye coordinación tecnológica y adecuaciones de espacios en la Torre II de los juzgados Civiles y Familiares de Toluca.
También contempla pruebas piloto en el Juzgado Séptimo Familiar de Toluca y en el Juzgado Mixto de Chalco, con residencia en Ixtapaluca.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, destacó la importancia de reforzar la prevención y la atención médica para proteger la salud física y emocional del personal judicial.
Respecto al Centro Virtual, señaló que esta herramienta puede contribuir a optimizar recursos y reducir el rezago judicial, particularmente en materia familiar. Asimismo, subrayó que las juntas informativas permitirán explicar a las personas las ventajas del diálogo y la mediación para resolver sus conflictos.
Aprueban otros ajustes para fortalecer la operación judicial
Durante la sesión también se abordaron lineamientos para las reuniones de trabajo, las sesiones del Pleno, la firma de actas y la publicación de acuerdos.
Asimismo, se aprobó la creación de brigadas permanentes regionalizadas para apoyar a los juzgados familiares y se analizaron cambios de domicilio y operación de juzgados civiles y familiares, además de ajustes en la competencia y estructura de órganos jurisdiccionales.
Finalmente, se revisaron atribuciones de la Contraloría Interna relacionadas con transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, como parte de las acciones para fortalecer la organización y el funcionamiento del Poder Judicial del Estado de México.
