Staff MVT
TOLUCA, México, 3 de Abril.- Acusado del secuestro de dos militares en el Estado de México, Alberto Martínez Sosa lleva ocho años preso, aunque las pruebas en su contra se basaron sólo en declaraciones contradictorias, por lo que familiares y abogados piden el indulto del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que salga de prisión.
Actualmente la defensa de Alberto espera que la ponencia del Magistrado Óscar Espinoza se estudie a fondo en la revisión 326/15 del Segundo Tribunal Colegiado Penal del Segundo Circuito, del Poder Judicial Federal, con el objeto de que se libre orden de aprehensión en contra de Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes, militares que mintieron en sus declaraciones sobre su secuestro.
De acuerdo a las declaraciones, los militares fueron secuestrados el 6 de octubre de 2007 en Luvianos por un grupo de entre 15 a 20 personas, las cuales los liberaron tras enterarse que Herrera Terrones y Aragón Reyes eran elementos castrenses.
El 7 de octubre de 2007 se inició la averiguación previa número PGR/MEX/TEJ-II/189/2007, ante Ministerio Público de la Federación con residencia en Tejupilco, en donde los militares indicaron que no pudieron reconocer a sus captores, pero en declaraciones posteriores indicaron la filiación de Alberto y señalaron que un rancho de su propiedad fue el lugar donde estuvieron cautivos.
Ante las irregularidades del proceso, desde un inicio los defensores de Alberto promovieron amparo indirecto con acuerdo inicial dictado en el cuaderno incidental dentro del juicio de amparo indirecto número 1185/2007-IV, de fecha 19 de octubre de 2007, por el Juez Mario Oscar Lugo Ramírez, adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México.
Aún con el amparo indirecto, Alberto fue detenido el 1 de noviembre de 2007 ilegalmente por militares en la comunidad de El Estanco, en Luvianos, en donde le sembraron una bolsa con cocaína; situación que utilizaron para procesarlo sin fundamentos por el delito de secuestro.
Además de señalar a una persona diferente a Alberto durante el reconocimiento de su presunto captor, los militares tardaron 23 días en coincidir en sus declaraciones para indicar que el perfil de Alberto era el de la persona que los secuestró.
El día y la hora del presunto secuestro, Alberto se encontraba con el ex presidente municipal de Luvianos, Francisco Arce Ugarte, quien junto con otros 14 testigos confirmaron su presencia en la casa del ex funcionario, aunque todas estas pruebas fueron no tomadas en cuenta.
Cuando familiares y abogados intentaron recuperar la camioneta en la que Alberto fue detenido cuando viajaba en compañía de su familia, se inició la averiguación previa número A.P/PGR/MEX/TOL-IV-1221/2008, con fecha 8 de octubre de 2008, en donde declaró Alfonso Benítez Luna en su calidad de inculpado, ante la Licenciada Laura Cornejo Bautista, quien fungía como Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Cuarta Investigadora del Ministerio Público de la Federación, de la Subdelegación de Procedimientos Penales “A” en Toluca, Estado de México.
Frente a la Licenciada Laura Cornejo Bautista, Benítez Luna dijo que Alberto fue detenido por instrucciones del entonces delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de México, José Manzur Ocaña, y que Alberto no había participado en el secuestro de los militares, pero por ser propietario del inmueble quedaría detenido.
La condena que cumple Alberto es de 20 años, aunque con todo el material a favor de la inocencia de éste sus abogados buscan que una vez que se resuelva el conflicto competencial número 119/2015; de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ésta atraiga de fondo el indulto solicitado al Presidente de la República y resuelvan si Alberto, en su calidad de reo sentenciado, tiene o no personalidad jurídica para solicitar el indulto.
Con lo anterior se buscará si el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tiene facultades o no para resolver el indulto en representación del Presidente de la República, con el fin de que Peña Nieto otorgue el indulto y que, paralelamente, los militares sean procesados por fabricación de delitos y falso testimonio.
El caso fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 23 de febrero de 2016, lo que abre más las posibilidades de que se atraiga la atención de la Federación.