Staff MVT
TOLUCA, México, 30 de Marzo.- Absolvieron a seis de los siete militares procesados por su presunta participación en la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y al otro también lo dejaron en libertad porque solamente se fincaron responsabilidad en el delito de Desobediencia, y le impusieron sentencia de 1 año de prisión, tiempo que ya cumplió durante el proceso.
Así lo denunció el Centro Prodh, junto con otras 14 organizaciones de derechos humanos, y explicaron que la sentencia absolutoria se dictó el pasado 14 de octubre en el Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, a favor de seis de los siete soldados que presumiblemente fusilaron a las víctimas en una bodega de la localidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya.
“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente. Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”, declararon los defensores de derechos humanos.
Las organizaciones destacaron las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR), pues “como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.
En un comunicado hecho público este miércoles, se recuerda que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas, la coadyuvancia solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, “eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas”, lamentaron.
“La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso”, indicaron, al informar que la Comisión negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la SEDENA había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente.
“Por otro lado, la Comisión tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de abatir delincuentes, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana”, agregaron.
Las organizaciones valoraron que pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso.
“Por ello, es fundamental reiterar que diversos procesos continúan abiertos: en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
Los organismos de derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y llamaron nuevamente a que la justicia sea exhaustiva y a que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes.
Las organizaciones firmantes del comunicado son: Article 19, el Centro Prodh, Tlachinollan, Freedom House, Fundar, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Serapaz, CEDEHM, Cencos, Insyde, la Red TdT, Centro Vitoria, CADHAC, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho e I(dh)eas.