José Contreras Contreras\r\n \r\nTOLUCA, México, 30 de Abril.- Una vez que la Cámara de Diputados federal apruebe las reformas a la Constitución en términos de disciplina financiera, quedará sin efecto lo aprobado por los legisladores mexiquenses, de forma desaseada y a la carrera, para dotar de facultades discrecionales al Poder Ejecutivo mexiquense para autorizar que los 125 municipios se endeuden más para presuntamente renegociar su actual situación económica, que en más de 40 casos es de quiebra técnica.\r\nAsí lo señaló el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Martínez Vargas, quien explicó que el dictamen que ya aprobó el Senado de la República y que ahora está en análisis en la Cámara de Diputados federal, prevé reglas estrictas para que los gobiernos municipales, estatales y hasta el federal puedan acceder a financiamiento público y privado.\r\nSeñaló que esa normatividad, de aprobarse, derogará en automático lo autorizado recientemente por la LVIII Legislatura local, que, dijo, facultó al Poder Ejecutivo para instalar un Comité Técnico responsable de revisar las solicitudes de los ayuntamientos para endeudarse y aprobar de manera discrecional, con criterios más políticos que técnicos y mucho menos financieros.\r\nRecordó que ningún ordenamiento local puede estar por encima de la Constitución General de la República, por lo que, una vez que se apruebe ese asunto en la Legislatura federal, el Estado de México se tendrá que ajustar a las normas y principios que se establecen en materia de disciplina financiera, entre las que se devuelve al Poder Legislativo la responsabilidad de analizar y aprobar cada solicitud para autorizar cada crédito.\r\nMartínez Vargas señaló que esto tranquiliza al Partido de la Revolución Democrática, pues en este caso una leu federal será la que ponga orden a un exceso que se abrogó el Ejecutivo estatal, vía una iniciativa que él mismo envió y que se aprobó a toda prisa, con mucho desaseo legislativo y violando incluso los procedimientos establecidos para el trabajo en comisiones del Congreso local.