Agencia MVT / Cynthia Gómez Colín
TOLUCA, México, 19 de Agosto.- El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para reformar y adicionar artículos de la Constitución, para implementar formalmente el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
Detalló que el combate a la corrupción es fundamental para consolidar un gobierno transparente, honesto, cercano a la gente, además la transparencia no solo es una exigencia ciudadana, también es un deber de los gobiernos, por lo que el objetivo de esta iniciativa será detectar y sancionar con firmeza cualquier hecho o acto de corrupción.
Explicó que esta propuesta plantea transformar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, facultándolo para sancionar a servidores públicos estatales, municipales y a particulares que afecten la hacienda pública o el patrimonio.
Contempla la creación de la Fiscalía Especializada en Temas Anticorrupción y dos Comités, el Coordinador y de Participación Ciudadana, integrados por expertos en anticorrupción con la intención de que este nuevo marco jurídico permita que los ciudadanos tengan un papel activo para investigar y sancionar los actos corruptos.
Asimismo, incluirá la llamada Ley Tres de Tres, por lo que en caso de ser aprobada todos los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración patrimonial, de interés y relación fiscal, en término como lo rige la ley correspondiente.
“Esta iniciativa es parte de toda una política pública de estado, que apoya e impulsa la transparencia, un gobierno abierto, que rinda cuentas, que previene y combate la corrupción”, señaló.
Lo anterior, durante la entrega del Premio Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) otorgada a los municipios de Tlalnepantla, Villa del Carbón y Capuluác, y la Presea al Mérito del Administrador Público del Estado de México, recibida por el contador público José Merino Mañón, quien expreso su agradecimiento y destacó que la administración pública no puede ni debe ser neutral, ni ajena a los postulados políticos del régimen que la gobierna.