Agencia MVT / José Contreras Contreras
TOLUCA, México, 29 de Enero del 2018.- Los 174 elementos que fueron dados de baja de la Unidad de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) acudieron este lunes ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, donde exigieron su reinstalación inmediata por considerar que no se cumplió con el procedimiento legal para notificar su cese.
Rigoberto López Valdés, coordinador nacional de la Asociación Civil “Ciudadanos Uniformados”, calificó la baja de estos 174 elementos como una lamentable acción de la autoridad estatal, y destacó que “no se cumplió con el protocolo establecido para notificar, otorgar garantía de audiencia y respetar los derechos de los trabajadores de seguridad”.
“De inicio, como no se siguió un protocolo, que es el de notificarles, después pasarlos con la Comisión de Honor y Justicia, y posteriormente darles su resolución, si es el caso de que fueran despedidos, pero no se tuvo ese protocolo en esa acción, únicamente los citaron para un curso y les dicen que firmen esos documentos, que en realidad era su renuncia, y eso no se vale”, puntualizó.
Dio a conocer que ya se interpusieron 18 amparos ante la justicia federal en contra de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y señaló que la organización que encabeza ofrece asesoría jurídica para que más elementos se sumen a esta acción legal en contra de lo que consideró como una “injusticia”.
“Son 174 familias a las que se les está negando el derecho elemental a comer, se les está dejando en la indefensión y no se respetó ni el mínimo derecho de audiencia de nuestros compañeros”, afirmó.
Destacó el caso de una mujer que forma parte de los 174 dados de baja, quien padece cáncer, a la cual además se le está limitando la atención médica y el tratamiento que llevaba hasta hace unos días en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
Indicó que no se permitirá bajo ninguna circunstancia que se pisoteen los derechos elementales de los trabajadores de seguridad, por lo que exigirán ante todas las instancias federales y estatales el respeto a los derechos laborales de los ex policías.
