Toluca, Méx., 23 de abril de 2008.- Ante la reforma judicial recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, magistrados, jueces, secretarios y todos los miembros del Poder Judicial federal y de los estados del país, tendrán prácticamente que reinventarse, advirtió Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales.\r\nEl reconocido jurista ofreció la tarde-noche de este miércoles una conferencia magistral en el salón “Benito Juárez” de la sede del Poder Legislativo, donde aseguró que, ante ese reto, “muchos jueces se encuentran renuentes”. Ante ello, recordó que, en la República de Chile, la entrada en operación de los juicios orales significó que el 60 por ciento de los miembros del Poder Judicial se diera de baja, “porque simplemente no estaban preparados para enfrentar ese cambio”.\r\n“Nuestro proceso judicial es hoy terriblemente oscuro y, con esta reforma, aspiramos a que sea extraordinariamente transparente”, dijo el jurista, y advirtió que ahora los señores jueces tendrán que aprender a hablar y, sobre todo, a explicar sus sentencias, como lo marca ahora la constitución.\r\nDestacó que, gracias a la oralidad, en Finlandia, el 91 por ciento de los casos legales se resuelven por la conciliación o el arbitraje penal, por lo que se evita realizar juicios de meses y meses en los que en la mayoría de las veces no hay buenos resultados para ninguna de las partes implicadas.\r\nApuntó también que en los países que se utilizan los juicios orales se registra, en promedio, menos de 10 por ciento de apelaciones a las sentencias dictadas, dado que, antes de cualquier recurso, el juez está obligado a que el que recibe un castigo se le explique por qué, con base en qué y cuál es su situación penal.\r\nDijo que hay quienes consideran que este tipo de actuación judicial “resuelve el problema, pero no es justicia”, y a ellos les recordó el caso de la pena de 6 años de prisión que se fija en el Código Penal del Distrito Federal a los hombres que se atrevan a darle una “nalgada” a una dama en un vagón del sistema de transporte Metro. \r\nEn ese tipo de casos, dijo, gastaríamos meses, quizás años, en llegar a una sentencia, para que, al final de cuentas, se dicten 6 años de prisión a un individuo acusado de una acción que, de aplicarse la oralidad, se podría resolver en cuestión de minutos, pues si existe el acusado, la afectada y por lo menos un testigo, se puede enviar a prisión al tipo en minutos o cambiarle la sentencia por una multa económica, con la que la víctima por lo menos resolvería la afrenta y no tendría que desgastarse un año en un interminable juicio.\r\nDestacó, en la reforma judicial, que por primera ocasión en México se reconoce la figura de “delincuencia organizada” a nivel constitucional, y señaló que se agudizan las penas para quien incurra en ese tipo de asociación delictuosa; se establece un arraigo constitucional hasta por 80 días, y se favorece el ataque al tráfico de drogas en cualquiera de sus niveles.\r\nEn la conferencia del doctor Gerardo Laveaga, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Eruviel Ávila Villegas; el comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, José Luis Almazán Delgado, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, hicieron los comentarios, y coincidieron en que la reforma representa una importante herramienta que facilitará la impartición de justicia en busca de consolidar el objetivo de “pronta y expedita” a la que aspiran todos los mexicanos.\r\n