Agencia MVT / Erika Karina Salgado
TOLUCA, México, 19 de Octubre.- Santiago Pérez Alvarado, abogado y defensor de los campesinos de San Juan Coapanoya, informó que no se han atendido los llamados al gobierno mexiquense para resguardar la zona arqueológica otomí de Ocoyoacac, considerada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como Patrimonio Cultural de la Nación, la cual se encuentra en riesgo por la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, por lo que la comunidad seguirá solicitando la cancelación del proyecto.
Antonio Hernández Domínguez, comisionado de Bienes Comunales de Coapanoya, aseguró que es propietario de un predio de 4 mil metros cuadrados, al que hace tres días ingresaron, sin permiso, las máquinas para construir la vía, por lo que adelantó la promoción de una denuncia por despojo y de un amparo personal y comunitario por el daño al patrimonio arqueológico.
«A la fecha la constructora ni siquiera ha presentado el proyecto de salvamento ecológico y tampoco ha realizado las acciones de rescate ambiental por los cientos de árboles derribados en la zona de La Marquesa, mucho menos el pago justo de nuestros bienes ocupados, así como un ordenamiento vial seguro para nuestros habitantes», dijo.
En 2012, le fueron ofrecidos alrededor de mil 500 pesos por metro cuadrado para que vendiera la propiedad, a pesar de que el precio comercial en la zona rebasa los 8 mil pesos por metro.
Aclaró que aun cuando le ofrecieran un precio justo no se encuentra interesado en concretar la transacción, pues la obra pone en riesgo el sitio arqueológico con basamentos otomíes.
Explicó que al momento de allanar sus tierras los trabajadores le aseguraron que el predio fue vendido a la constructora por el “propietario” que acredita mejor derecho, lo que, de haber ocurrido, se configura en despojo.
Hernández Domínguez afirmó contar con las escrituras que datan de 1944 y actualizadas en 1960 para acreditar su posesión, pero las autoridades correspondientes han hecho caso omiso a los llamados que alrededor de 20 familias han hecho para salvar sus tierras o darles una solución inmediata para llegar a un acuerdo mutuo.
En tanto, Pérez Alvarado adelantó que verificarán el progreso de la denuncia penal correspondiente por el delito de despojo y dos amparos, que interpusieron la semana pasada, uno individual y el otro comunitario, para conseguir la cancelación de la obra en protección de los derechos de los pueblos originarios.
«En la entidad y en el país los proyectos de infraestructura se vician de origen, pues para concretarlos se convence a líderes o pseudolíderes comunitarios con la finalidad de manipular asambleas y convenios de ocupación, por lo que confío en que, como ha ocurrido en muchos casos, las autoridades judiciales fallen a favor de las comunidades ejidales afectadas», expresó.