Toluca, Méx., 28 de enero de 2009.- El diputado local del Partido del Trabajo en la Legislatura mexiquense, Sergio Velarde González, exigió que antes de tomar cualquier decisión en torno a la responsabilidad administrativa del presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena, se acate el dictamen que al respecto elaboró y emitió la Contraloría del Poder Legislativo, porque éste –puntualizó—tiene como base un trabajo serio y un análisis profundo de personal técnico especializado y, por lo tanto, tiene un peso específico que debe respetarse.\r\nEn conferencia de prensa, el petista subrayó que es un asunto que no puede resolverse en “fast track”, como lo pretende el Partido Acción Nacional (PAN), y sobre todo el coordinador de la bancada blanquiazul, Juan Carlos Núñez Armas, “quien pretende evitar que el edil sea sancionado”, aseguró. \r\nEl legislador apuntó que para opinar igual o diferente que el PAN, su partido podría determinar reunirse con el contralor Victorino Barrios Dávalos, para que éste les explique a detalle cómo revisó las más de 22 mil hojas que integran el expediente, incluso podrían proponer que un Despacho Legal sea el que analice el caso.\r\n“En caso de que no nos quede claro o no nos convenzan los argumentos de la Contraloría, dentro de las facultades y obligaciones de la Legislatura está la de utilizar un despacho legal y con ello cumplir con la responsabilidad que tenemos como diputados”, expresó. \r\nPor otra parte, negó que haya sido un acuerdo que la siguiente semana se dictamine dicho asunto por parte de la Junta de Coordinación Política, pues insistió que al ser un tema delicado no puede resolverse en “Fast Track” y de hacerlo se contradirían todos los legisladores mexiquenses. \r\nRecordó que cuando inició esta Legislatura determinaron sancionar a ex presidentes municipales o funcionarios públicos que incurrieran en diversas anomalías y faltas a la ley, de tal modo, que si se niegan a no sancionar, entonces “sólo estarían dando un mal ejemplo”. \r\nA principio de la semana, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Juan Carlos Núñez Armas, afirmó que el edil de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena, y nueve regidores de extracción panista, serán “exonerados” del cargo de daños a la hacienda pública que les imputa la Contraloría del Congreso local, por la donación de un terreno de más de 13 hectáreas de dominio público al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.\r\nÉste acusó que el Contralor filtró información al diputado perredista Higinio Martínez y éste la divulgó a los medios de comunicación para “ser juzgada por la opinión pública, con la intención de dañar la imagen del Partido Acción Nacional, con miras a la elección local y federal del cinco de julio de 2009”.\r\n