TOLUCA, México, 27 de Enero de 2011.- Al minimizar los homicidios violentos ocurridos contra mujeres del Estado de México, el gobernador Enrique Peña Nieto y el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, incurren en violencia institucional y deben ser sancionados, advirtió la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado, del Partido Acción Nacional.\r\nLuego de presentar ante la Comisión Permanente de la LVII Legislatura local un exhorto al Ejecutivo estatal para que deje de ejercer violencia institucional en contra de las víctimas y familiares de los llamados feminicidios, la legislatura panista indicó que la administración de Enrique Peña Nieto «prefiere estigmatizar a las niñas y mujeres que enfrentan este delito, en lugar de ponerse a trabajar, investigar y frenar la ola de asesinatos de este tipo».\r\nFragoso Maldonado sostuvo que, con base en cifras proporcionadas por la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), «existe un incremento de más de cien por ciento de asesinatos de mujeres en la gestión de Enrique Peña Nieto».\r\n»Las víctimas de este tipo de delito pasaron de 98 del año 2005 a 225 en el año 2010, por falta de políticas públicas exitosas para prevenir los homicidios dolosos de mujeres y constatan la violencia institucional a la que están sujetas las niñas y mujeres del Estado de México», enfatizó.\r\nExplicó que la estigmatización y descalificación que hace de las víctimas la Procuraduría estatal, al inculparlas de provocar la violencia con argumentos de que son mujeres drogadictas, sexoservidoras o delincuentes ligadas al crimen organizado, inestables e incapaces de solucionar problemas, debe considerarse como violencia institucional y, por lo tanto, es motivo de sanción, lo que puede llegar hasta su renuncia definitiva al cargo del titular de esa área.