Yamel Esquivel
TOLUCA, México, 23 de Nov.- La familia de Diana Segura López, universitaria que perdió una pierna tras ser atropellada por un camión del transporte público, cuestionó las declaraciones del secretario de Movilidad, Isidro Pastor Medrano, quien refirió que la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Tollocan S.A. de C.V ofreció medio millón de pesos como indemnización, situación que aseguran que no es verdad.
Tras darse a conocer que Diana demandó penal y civilmente a la empresa, tras cuatro meses de mantenerse en una mesa de diálogo para llegar al cobro de una indemnización favorable, el funcionario declaró la semana anterior que dejarían libres a 20 unidades detenidas tras el accidente, que estaban en garantía para llegar a un “arreglo” financiero.
Hoy, los abogados de la familia aclararon que el ofrecimiento de la empresa fue de 250 mil pesos, y precisaron que la ley sí permite una indemnización mayor.
Durante un evento de apoyo realizado el pasado sábado 14 de noviembre, Diana Segura señaló que espera contar con una indemnización integral que le permita seguir realizando su plan de vida y que le garantice conseguir una prótesis de calidad, con la que su movilidad no se vea tan limitada.
“Si a algún familiar de los funcionarios públicos o de cualquier empresa de transporte público le pasara lo que a nosotros nos está pasando… ¿se conformarían con 250 mil pesos o medio millón de pesos, como lo informó el Secretario de Movilidad, Isidro Pastor? ¿Sería este el precio que le pondrían a la estabilidad y bienestar de uno de sus familiares?”, cuestionó el padre de la afectada.
Por otra parte, la familia de Diana exhortó a las autoridades a que lleven a cabo su trabajo, pues la mejora del transporte público es un tema que no se debe descuidar, y prueba de ello son los múltiples siniestros que han acaecido, como el de la otra universitaria Diana Rubí Heredia Sánchez o aquel en el que se vio involucrado la línea RTP y en el que lamentablemente una mujer perdió la vida.
Señalaron que se realizan dos procesos que, aunque relacionados, no son el mismo; el primero se refiere a la demanda penal por el atropellamiento y el segundo es por daño moral, el cual busca reparar el daño no sólo físico sino psicológico que se causó a la universitaria y en el que no existen cantidades máximas ni mínimas que establezca la legislación civil.