Agencia MVT / Ingrid Ahumada Mañon
TOLUCA, México, 15 de Abril del 2018.- Cuatro empleados de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos exhortaron a Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, a frenar y sancionar presuntos casos de acoso laboral por parte de directores regionales de Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca de la Defensoría Pública del Estado de México.
Brian Reza Carrillo, defensor público, declaró que ha sido sujeto de diversas violaciones a los derechos humanos, como discriminación y desigualdad de trato, circunstancias que derivaron en problemas de salud atribuidos a la presión, maltrato y hostigamiento, del cual es víctima por parte de su jefe, Omar Vargas Hernández, director regional de la Defensoría Pública de la zona oriente del Estado de México.
Añadió que a pesar de que radica en Toluca y fue diagnosticado con epilepsia, enfermedad que no le permite manejar o trasladarse solo, por su trabajo debe viajar diariamente a Ecatepec, cubriendo de su bolsa gastos de transporte, a pesar de que aclaró que otros compañeros cuentan con un transporte oficial y viáticos.
«Tuve la necesidad de acudir directamente con el secretario particular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, para ver si me pudieran ayudar y pudieran por lo menos regresarme a una adscripción cercana a mi domicilio, lo cual a la fecha pues no ha acontecido, además del gasto económico, que actualmente hasta deudas tengo por tratar de cubrir los gastos de transporte para cumplir con mi profesión», sostuvo.
Por su parte, Julia Gabriela Hernández, quien después de trabajar por 12 años en la Defensoría recibió un cambio de adscripción por supuestas necesidades del servicio, esto a pesar de tener una lesión severa en la rodilla, misma que incluso requiere de operación; por ello, reiteró que este cambio le afecta ya que su traslado dura al alrededor de 2 horas y media.
«Me mandan como castigada, me mandan bien recomendada, porque a donde yo me paro, ya sea en el comedor, en el baño o donde estén los demás compañeros, por arte de magia todo mundo se abre, se callan y se agachan», indicó.
Expresó miedo por su integridad física, ya que dijo que se le está «pisoteando» de manera emocional y sufre hostigamiento laboral y sexual por parte de su propio jefe, Omar Vargas, motivo por el que indicó que inició una queja en derechos humanos, lugar en el que -dijo- también le «pusieron el pie», ya que le respondieron que su jefe actuó conforme a derecho, cuestión por la que la queja no procedió.
«No se vale que como mujeres tengamos que agacharnos, porque mi jefe me hizo una sonrisa y me tocó, me toca la espalda, cuando sabemos cuándo es un acoso y cuando es en buena forma, y que yo por levantar la cabeza y por quejarme estas son las consecuencias», añadió.
María Yoelli Aguilar López, también trabajadora por 10 años de la Defensoría, contó que durante el tiempo que ha laborado en el lugar nunca había presentado problemas, hasta el día que llegó Omar Vargas, quien le dio el cambio de adscripción a Ecatepec argumentando que lo hacía al ser soltera y no tener hijos; sin embargo, no le refiere cuestiones laborales, esto después de que él se mostró «agradable» con ella, pero al ver que no le responde de la misma forma comenzó el maltrato.
«Se muestra agradable, pero cuando ve que yo no soy de las que abrazo, de beso, empieza el maltrato prohibiéndome faltar o laborar en condiciones extremas, el año pasado fui víctima de violencia, se metieron a casa a robar y realizó una reunión y enfrente de los compañeros comentó -voy a saludar lo que quedó de Yoani-, actualmente me levantan actas, incitan a la gente, a los adultos mayores, a que me levanten actas, el licenciado es una persona que de lo que se puede caracterizar es muy violenta», aseguró.
Finalmente, Rocío Ronquillo García, defensor público, denunció que la acosan de forma laboral a través de amenazas verbales, rumores, burlas, asignación de tareas que calificó como «humillantes y absurdas», han ocasionado daños en sus pertenencias, sustrajeron documentos y herramientas de trabajo, entre otras más.
«Les gusta mi perfil, mi currículum, mi trabajo, pero demandé a una institución del estado y a dos jueces, y mejor no quieren problemas. ¿Se da cuenta del daño que me han causado? Quiero limpiar mi nombre, quiero que se me ofrezca una disculpa pública, principalmente de la juez Sandra Norma Cruz Giles, y que ahora me repare el daño que me ha causado por el desprestigio profesional», indicó.
Pidieron la remoción de los tres defensores públicos, ahora directores regionales, a quienes acusan: Omar Vargas Hernández, de la zona oriente; Lilia Reyes de Ávila, de Tlalnepantla, y Reyna Mendoza Salgado, de Toluca, quienes también no les permitían el acercamiento con la directora general de ese momento, Guadalupe Ruíz Velázquez.
Todos coincidieron en que el sábado por la noche recibieron llamadas por parte de la Dirección, con motivo de la resolución de sus demandas, aunque refirieron que creen esto solo se dio al enterarse las autoridades de una rueda de prensa en la que brindaron esta información; por ello, puntualizaron que son alrededor de 50 personas que se encuentran en la misma situación por las que están pasando ellos, pero no denuncian por miedo a represalias.
La Defensoria Pública respondió:
Respecto al pronunciamiento que cuatro servidores públicos del Instituto de la Defensoría Pública hicieron esta mañana, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos informa:
1. El caso de la Lic. Rocío Ronquillo García se está siguiendo en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; esta Secretaría ha respondido a todas las solicitudes del Tribunal y ha ofrecido opciones para alcanzar una solución favorable para los involucrados. No obstante, por tratarse de un litigio en proceso, los detalles deben mantenerse entre las partes.
2. Sobre las peticiones de cambio de adscripción de Brian Reza Carrillo, defensor público adscrito a los juzgados civiles y familiares de Otumba; María Yoalli Aguilar López, defensora pública adscrita a los juzgados civiles y familiares del distrito judicial de Ecatepec con residencia en Tecámac; y Julia Gabriela Hernández Salazar, secretaría «b» adscrita a la oficina Regional Zona Nororiente, el Instituto de la Defensoría Pública analiza de manera individual sus casos para poder atenderlos sin dejar de lado la obligación de esta dependencia de brindar defensa penal y patrocinios en materia civil, familiar y administrativa a las y los mexiquenses que lo requieran en todo el territorio de esta entidad.
3. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos está comprometida con el bienestar de las y los servidores públicos que aquí laboran, y con la justicia y el respeto de los derechos humanos de todas las personas en el Estado de México.