Agencia MVT / Staff
TOLUCA, México, 14 de Marzo del 2018.- Lo que comenzó como una manifestación para exigir justicia en contra de un profesor identificado como Félix Pablo, a quien padres de familia de la escuela primaria federalizada Miguel Rebolledo, acusan de abuso sexual en contra de 9 niñas y 1 niño, terminó en una trifulca a golpes y jalones en contra de los familiares del docente denunciado.
Unos 50 padres de familia de la institución ubicada en el paraje La Marquesa, del municipio de Ocoyoacac, llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para solicitar que el profesor Félix Pablo no sea liberado, al cumplirse este miércoles las 48 horas que por ley puede permanecer detenido sin que se defina su situación jurídica.
José Antonio Uzcanga, padre de una de las presuntas víctimas, informó que el pasado lunes, uno de los menores “se armó de valor” y les comentó sobre el comportamiento irregular del profesor.
De acuerdo con la denuncia, el profesor, para revisar tareas, llamaba a uno por uno de los alumnos a su escritorio, donde, aseguró, “tocaba las piernas de las niñas y les tocaba sus partes íntimas”.
Para el caso de los varones, los padres de familia aseguraron que los golpeaba, que los sometía a castigos inhumanos y que causó lesiones de consideración a algunos de ellos.
“Uno de los niños empezó a presentar molestias, decía que le dolía mucho el oído, lo llevaron al doctor, y ahí se dieron cuenta de las lesiones que presentaba, ya luego el mismo niño relató lo que les hacía el maestro, que les jalaba el oído (la oreja), casi se la desprendió”, señaló.
Los padres de familia exigían que el profesor no fuera liberado, que sea judicializado el caso y que sea un juez el que revise la situación, y que mientras se le mantenga en prisión preventiva.
En eso estaban cuando llegaron al sitio algunos familiares del profesor, hijas, esposa y hermanos, quienes comenzaron a fotografiar a los quienes se manifestaban, e incluso a amenazarlos.
Los padres de familia de las víctimas reaccionaron y les exigieron que dejaran de fotografiarlos y de grabar videos, lo que consideraban como una forma de atemorizarlos para que desistieran de sus exigencias.
De las palabras pasaron a los insultos y luego a los jalones, lo que derivó en intercambio de golpes, mentadas de madre y amenazas.
Tuvieron que intervenir policías estatales que permanecen fuera de la Fiscalía General de Justicia para resguardar el orden, separaron a los que se liaban a golpes, e incluso informaron que serían presentados al Ministerio Público para deslindar responsabilidades.
