Agencia MVT / Nahielli Pulido
SAN SALVADOR ATENCO, México 8 de Febrero del 2018.- El titular de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Derechos Humanos, en México, Jan Jarab, afirmó que durante este año electoral, por la magnitud y coyuntura política que habrá en el país y que generarán conflictividad social, se podría provocar un aumento en el riesgo de la labor de los defensores de derechos humanos.
Al acudir a la explanada de San Salvador Atenco, donde se reunió con representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que luchan contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y defensores de la tierra y agua en territorio mexiquense, Jan Jarab señaló que el trabajo que realizan los defensores de los derechos humanos por su trascendencia debiera ser un orgullo nacional, porque exige un altísimo compromiso y valentía; sin embargo, a menudo son desprestigiados u obstaculizados en su trabajo, sufriendo agresiones.
“En este año que apenas empieza, Carlos Rodríguez, Lupita Campo Amor, Pamela Montenegro, son ya tres víctimas que pagaron su valentía con su vida; otro, Agustín Silva, sigue desaparecido. Pero no solamente sus voces se han acallado, hay otros muchos tipos de ataques, amenazas, acoso judicial, despojo, daño de material de trabajo, incluso criminalización, y también estas represalias arrebatan a la sociedad de sus voces más críticas, son tal vez menos visibles, pero inhiben la labor y fomentan la autocensura”, dijo.
Destacó que en el Estado de México es el mayor beneficiario con el número de personas defensoras de derechos humanos con la protección del mecanismo, lo que demuestra la peligrosidad para realizar ésta labor en la entidad.
Abundó que la oficina que preside ha estado alerta y seguido los casos de las mujeres denunciantes de agresiones y víctimas de tortura del caso Atenco, las agresiones en Coyotepec y Tecámac por su lucha por el derecho al agua, y en la defensa del territorio están los casos del FPDT en Atenco y la comunidad de Xochicuautla. “Estás personas defensoras no ha estado exentas de ataques, acosos o criminalizaciones”.
Sostuvo que es necesario proteger a las personas defensoras de derechos humanos y ese deber recae naturalmente en el Estado. A los que defiendan el agua, la tierra, el acceso a la justicia, medio ambiente, el acceso a una vivienda digna, la libertad de expresión, los que combaten la violencia contra las mujeres en todas sus formas y a los familiares de las personas desaparecidas.
“Por supuesto estamos conscientes de como esa labor es particularmente importante y también peligrosa cuando se enfrenta a la política de megaproyectos que junta intereses políticos y económicos y a menudo genera una fuerte deslegitimización, estigmatizando a las personas defensoras como enemigas del desarrollo. La respuesta a esa necesidad, tiene que pasar por estrategias claras y reales para proteger a los defensores; pero de nuevas agresiones en su contra y combatir la impunidad que persiste”, dijo.
“En este marco cabe destacar la necesidad de consultar a los pueblos indígenas, antes de emprender proyectos económicos que afecten sus territorios, urge que estas consultas sean verdaderamente previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas y evidentemente que sean consultadas también las comunidades no indígenas cuando los proyectos afectan a sus intereses”, expresó.
