Agencia MVT / Libertad Trinidad
TOLUCA, México, 22 de Noviembre del 2017.- Entre enero del 2016 a la fecha únicamente 20 de mil 814 mujeres agredidas sexualmente lograron una interrupción del embarazo en clínicas u hospitales del sector salud estatal, a pesar de que la Norma 046 establece que es parte de los derechos a los que deben tener acceso las víctimas del delito, explicó Jacob Vázquez Gómez, del Frente 046.
Indicó que en 2009, se publicó la NOM-046-SSA2-2005, violación familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la Prevención y Atención, que establece los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación en materia de violencia familiar y sexual que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud, y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual.
Sin embargo, en hospitales como el Mónica Pretelini, en Atizapán y Cuautitlán Izcalli, está organización civil detectó casos en donde los médicos y enfermeras negaron información sobre métodos anticonceptivos e incluso la conclusión de un embarazo producto de la violación.
En algunos casos, dijo, los médicos piden a la paciente la denuncia por violación ante la Fiscalía de Justicia mexiquense o el permiso de sus padres, a pesar de que la norma no lo estipula como requisito.
Informó que de acuerdo a las cifras del sistema estatal de Salud, únicamente el 35 por ciento de los casi mil 200 casos de agresión sexual fueron una violación y en ese período sólo se practicaron 20 interrupciones de embarazo, “Lo que demuestra la violencia por parte del sistema en contra de las mujeres”.
Añadió que del total de casos hay edades entre los 15 y 29 años, mientras que la estadística más grave se concentra de los 15 a los 19 años.
El Frente 046 se encuentra integrado por la Red Nacional de Católicas por el Derecho a Decidir, La Coordinadora de Mujeres Indígenas del estado, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio y otros de defensa a los derechos de las mujeres.
Por lo anterior, los activistas pidieron una reunión con el secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas y al gobernador Alfredo del Mazo Maza para que las clínicas y hospitales respeten la ley.
Alexis Sorel Flores, destacó que parte de la Alerta de Género, además de las acciones pendientes en materia de protección a las mujeres es que puedan acceder a los derechos que les corresponden.
Afirmó que las condiciones en la zona rural de la entidad son graves y adversas por completo para las niñas y adolescentes, “se convirtió en una práctica común el abuso contra menores, pero denunciar conlleva a que las excluyan de la comunidad junto con sus familias y sin opción a la justicia”.
“Lo que queremos es que haya criterios para la prevención y atención de casos de agresión sexual, de modo que las instituciones de salud brinden atención integral a las víctimas del delito”.
