José Contreras Contreras \r\n\r\nTOLUCA, México, 21 de Enero.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a través del expediente J715/2013, revisa una serie de presuntas irregularidades cometidas por la Subdirección de Escuelas Incorporadas de la Secretaría de Educación del Estado de México, instancia que, a pesar de diversas pruebas sólidas, dictaminó a favor del Colegio Montessori de Toluca, con lo que esa empresa educativa podría eludir su responsabilidad en torno al secuestro y homicidio del menor de 15 años de edad, Carlos Eduardo Martínez González.\r\nEn el expediente se establece que el responsable de recibir, analizar y dar trámite al caso carece de personalidad jurídica para resolver a favor o en contra de cualquiera de las partes, pues para ello debe acreditarse mínimamente como Licenciado en Derecho, con cédula profesional vigente, profesión que no posee y únicamente pudo hacerse valer que es profesor normalista titulado, lo que le impide jurídicamente hacerse cargo de este tipo de asuntos.\r\nTambién se presume que la resolución emitida a favor de lo que legalmente se conoce como «persona colectiva denominada Escuela Montessori A. C.», está contaminada por la relación económica existente entre esa empresa educativa y el gobierno estatal, a través de la Subdirección de Escuelas Incorporadas, a la que anualmente se le paga dinero para autorizar la operación del plantel.\r\n»El Estado es el mismo Ente que cada año cobra el refrendo de Derechos de la Matrícula del tercero perjudicado (Colegio Montessori), por lo que existe relación económica que incide de una forma u otra en la resolución», señala la queja.\r\nEl recurso administrativo de inconformidad interpuesto por el señor Alfredo Martínez Gutiérrez, padre del menor secuestrado a las puertas del Colegio Montessori el 14 de febrero del 2013, hace énfasis que el personal que revisó el caso en la Subdirección de Escuelas Incorporadas de la Secretaría de Educación del Estado de México «carece de formación y personalidad jurídica para resolver procedimientos administrativos o esgrimir defensa alguna a favor de la empresa educativa en el juicio».\r\nLa queja también señala que la resolución de la Secretaría de Educación del Estado de México no consideró de forma alguna las pruebas aportadas en contra del Colegio Montessori de Toluca, tales como el video del sistema de vigilancia en el que se observa que el personal de seguridad del plantel no hizo nada para impedir la salida del menor Carlos Eduardo Martínez González el 14 de febrero del 2013, lo que derivó segundos después en su plagio y posterior homicidio.\r\nAdemás se presentó y no fue tomado en cuenta un documento legal firmado por la Licenciada en Psicología, Sara Estefanía Silva Castro, responsable de esa área del Colegio Montessori, en el que se refiere que el menor Carlos Eduardo Martínez González «contaba con un nivel de inmadurez mental menor a su edad cronológica», circunstancia que colocó al ex alumno en estado de vulnerabilidad en el secuestro y homicidio.