Agencia MVT/Filiberto Ramos
TOLUCA, México, 21 de Abril.- Personal de la secretaría del Medio Ambiente, de la secretaría de Desarrollo Económico y de la Procuraduría General de Justicia del estado, acudieron este jueves a establecimientos donde se venden autopartes usadas (deshuesaderos), ubicados en la avenida Salvador Díaz Mirón, al nororiente de la ciudad de Toluca, para colocar sellos de clausura a los negocios por presunto incumplimiento de las normas ambientales; sin embargo, los dueños de los predios acusaron que los procedimientos son ilegales, debido a que los permisos con que cuentan son anteriores a la ap
Julio Ruíz Quintero, abogado de los dueños de los predios, explicó que el 24 de septiembre de 2015, diez de los deshuesaderos fueron clausurados por supuestamente no cumplir con el dictamen de factibilidad comercial automotriz y carecer del dictamen de Impacto Ambiental, requisitos incluidos en la nueva ley.
«Crearon nuevas leyes en las que nos piden esos dictámenes, a parte de las licencias de funcionamiento, por lo tanto nos están violando nuestro artículo 18 constitucional, porque se le está dando efecto retroactivo a una ley nueva, en perjuicio de nosotros», acusó el abogado representante.
Acompañados de elementos de la dirección de Seguridad Pública de Toluca, los inspectores de Medio Ambiente y Desarrollo Económico del gobierno estatal, colocaron los nuevos sellos y realizaron inspecciones físicas al interior de los predios.
Fernando Gómez, uno de los propietarios afectados, afirmó que los permisos para el funcionamiento de su negocio están vigente; sin embargo, ya no se lo han hecho válido debido a que no cuentan con los dictámenes que exige la nueva ley.
«Es un nuevo requisit,o pero yo desde el año 2013, cuando se meten a resellar las licencias, traté de ingresar esos documentos en el Ayuntamiento de Toluca, pero me dijeron que no había dependencia que se encargara de hacer ese trámite», refirió el afectado.
Según informó el abogado, se ingresó un amparo para impedir el cierre de los negocios; sin embargo, dicho procedimiento no ha sido respetado por el gobierno estatal.
Durante el operativo realizado se intentó obtener la versión de las autoridades encargadas pero no se obtuvo respuesta.