José Contreras Contreras\r\n\r\nTOLUCA, México, 19 de Enero.- Miguel Ángel Gómez Garduño fue separado de la Dirección del Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenango del Valle, y está siendo sujeto a una profunda investigación por su presunta participación en diversas irregularidades registradas en ese centro penitenciario, como la autorización de una boda, por lo civil y por la iglesia católica, con 40 invitados especiales, banquete y grupo musical.\r\nGómez Garduño está bajo investigación de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, por presuntamente haber recibido una fuerte suma de dinero a cambio de autorizar esa fiesta privada el pasado 15 de diciembre de 2014, evento en el que estuvieron involucrados, además, el Jefe de Seguridad de la cárcel, una trabajadora social de nombre «Nayeli»; la directora escolar de la institución, de nombre «Marcela», una psicóloga y por lo menos dos custodios, quienes incluso firmaron como testigos del enlace matrimonial.\r\nJuan Manuel Zúñiga Esquivel el interno que contrajo matrimonio con una mujer externa al penal, preso por homicidio y violación, fue también removido de la población penitenciaria de Tenango del Valle y trasladado al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde terminará de cumplir la sentencia.\r\nCuestionado al respecto, el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, Rubén Fernández Lima, advirtió que se actuará con firmeza y en estricto apego a la ley para combatir este tipo de prácticas, las cuales, de comprobarse, pudieran tipificarse como abuso de autoridad y tráfico de influencias para todos los servidores públicos presuntamente involucrados en la boda del pasado 15 de diciembre que se realizó en el penal de Tenango del Valle.\r\nApuntó que hasta el momento suman más de cien servidores públicos de la dirección general de Prevención y Readaptación Social, de diferentes niveles y áreas, los que han sido sorprendidos en la comisión de conductas incorrectas en la función pública, por lo que fueron dados de baja y algunos presentados al Ministerio Público por la presunta comisión de actos que pueden calificarse como delitos.\r\nAseguró que lo que se busca es que en las cárceles mexiquenses no haya privilegios para nadie, que todos quienes están ahí para pagar una deuda con la sociedad mexiquense lo hagan en apego a lo que el Reglamento interno establece y que se cierre definitivamente el paso a cualquier indicio de corrupción o abuso de poder que pueda presentarse.\r\n