TOLUCA, México, 23 de Mayo.- Las cárceles distritales que operan desde 1968 en Tenango del Valle y en Tenancingo representan un auténtico peligro para la sociedad, pese a que tendrían que haber cerrado sus puertas en el año de 2014 actualmente siguen operando con mínima seguridad, por lo que en el de Tenancingo, el 19 de abril de 2010, ocho internos que purgaban diversas condenas por delitos como homicidio y delincuencia organizada se fugaron de esa penitenciaría que tiene capacidad real para 120 internos, pero actualmente es ocupada por más de 250 personas.
Cabe destacar que actualmente se encuentran terminados dos penales, tanto en Tenango del Valle como en Tenancingo, pero inexplicablemente las cárceles distritales aún comparten los inmuebles de las dos presidencias municipales.
El 29 de diciembre de 2014, a través de un Fideicomiso el Gobierno del Estado de México adjudicó la construcción de una nueva cárcel para el municipio de Tenancingo, y otra para Tenango del Valle a la empresa GIA+A, propiedad de la familia Gerard, aparentada políticamente con el ex presidente de la república Carlos Salinas de Gortari.
En ambos casos, el argumento fue que la empresa GIA+A, reunía experiencia, capacidad técnica y solvencia, pero al año siguiente en el mes de octubre de 2015, el gobernador del Estado de México, Eruviel Avila Villegas, anunció que las nuevas cárceles quedarían listas y que el costo para la de Tenango del Valle fue de 606 millones de pesos, mientras que la de Tenancingo costó a a los mexiquenses 641 millones de pesos.
Cabe señalar que las Cárceles de Tenango del Valle y Tenancingo son las únicas que mantienen reclusos a sentenciados por delitos de alto impacto como violación, homicidio, secuestro, y delincuencia organizada, lo que representa un riesgo latente para la población civil que vive en torno a esas viejas comisarías que datan de hace 48 años y actualmente siguen funcionando en el mismo espacio de los inmuebles destinados a las presidencias municipales.
En la Cárcel Distrital de Tenancingo, quedó demostrada la peligrosidad que implica la operación de una cárcel en pleno centro del municipio, pues el 19 de abril de 2010, ocho internos que enfrentaban condenas por diversos delitos como homicidio, violación, secuestro, y vínculos con la delincuencia organizada, se escaparon, al romper una de las paredes de ese penal que se encuentra adjunta a un hotel que en ese momento realizaba trabajos de remodelación, los ocho internos se fugaron del penal, sin que custodios, o vecinos se dieran cuenta.
Tres años después dos de los internos fugados fueron recapturados, pero seis de los ocho que se fugaron originalmente aún permanecen en calidad de prófugos de la justicia mexiquense.
La cárcel de Tenancingo cuya dirección y correspondencia es recibida en Plaza Morelos No. 101, Código Postal 52400 Tenancingo Estado de México, misma dirección que tiene el presidente municipal, síndico y los regidores del Ayuntamiento, y ocupa un espacio superior al cincuenta por ciento del total del inmueble que originalmente fue diseñado como Palacio Municipal.
Los ciudadanos de ambos municipios tienen que convivir con familiares y abogados de los internos del penal, homicidas, violadores, vendedores de droga, secuestradores que se encuentran recluidos, debido a que el acceso es el mismo para ir a la cárcel o para ingresar a la presidencia municipal.
A pesar de lo anterior, hasta el mes de mayo de 2016, las Cárceles Distritales de Tenancingo y Tenango del Valle, continúan operando en las instalaciones de las respectivas presidencias municipales, con los riesgos y la incomodidad para los ciudadanos que diariamente acuden a las presidencias municipales para realizar diversos trámites y servicios.
En Tenancingo ya se terminó de construir el nuevo penal, que se encuentra ubicado a un costado de El Salitre, pero inexplicablemente la cárcel está vacía y solamente es utilizada como oficinas del Ministerio Público. En el caso de Tenango del Valle, la situación es casi la misma, y a pesar de que en ambos casos la capacidad de los internos está rebasada, siguen operando como viejas penitenciarías municipales, con todos los riesgos que esto implica.
Del fideicomiso, superior a los mil 200 millones de pesos, los detalles técnicos y la explicación del por qué no han sido reubicados es una interrogante que aún no ha descifrado la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de Gobierno del Estado de México, que tal parece no tiene fecha ni voluntad para canalizar a los peligrosos internos a los “nuevos” penales mexiquenses.