Staff MVT
TOLUCA, México, 30 de Marzo.- José Antonio Díaz Sánchez, presidente de la Comisión Política del Partido Encuentro Social, calificó a la llamada Ley Atenco como regresiva, y advirtió que es una forma “simplista” de “legalizar la violencia para pisotear la protesta social”.
Dijo que los artículos 8, 42 y 46 serán utilizados para la reprimir a la población del Estado de México, y puntualizó que el artículo octavo otorga a los elementos policiacos la posibilidad de usar armas de fuego en estos casos:
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”.
Indicó que esto podría provocar un evento como el ocurrido en 1968 en contra de los estudiantes universitarios, en el que participó la policía y el Ejército, sin tomar en cuenta lo que verdaderamente ocurría, además de que se pueden presentar casos como los de Estados Unidos donde los policías sin ton ni son atacan a inmigrantes o personas de color.
Díaz Sánchez comentó que los policías no están capacitados ni tienen criterio para hacer uso de la fuerza pública en manifestaciones, por lo que solicitó al gobernador Eruviel Ávila Villegas derogar ese artículo.
Anunció que se solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su intervención para derogar el citado artículo que viola los derechos humanos de los mexiquenses.
Mónica Hurtado, especialista en derechos humanos, señaló que el Artículo 46 menciona que las instituciones de seguridad pública establecerán mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión del uso de la fuerza para la seguridad pública, los cuales consistirán en conocer y opinar sobre políticas y procedimientos; sugerir medidas específicas y concretas para mejorar el uso de la fuerza en la seguridad pública; realizar labores de seguimiento y escrutinio para los casos prácticos de uso de la fuerza pública.
Sin embargo, consideró que para que esto funcione es necesario que existan personas que verdaderamente velen por los derechos humanos de las personas.
Por último, Díaz Sánchez comentó que no existe confianza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, lo que convirtió a esos organismos en elefantes blancos.