Más de 40 personas han sido engañadas al intentar agilizar trámites vehiculares
Los fraudes cometidos por gestores irregulares, conocidos como “coyotes”, continúan afectando a ciudadanos en el Centro de Servicios Administrativos de Toluca, ubicado en la zona de Urawa, donde al menos 40 personas han sido víctimas de engaños en las últimas semanas.
Ofrecen agilizar trámites y desaparecen con el dinero
De acuerdo con testimonios, estos intermediarios se acercan en los accesos del inmueble ofreciendo acelerar trámites vehiculares como reemplacamiento y pago de tenencia. A cambio, solicitan diversas cantidades de dinero; sin embargo, tras recibir el pago, desaparecen sin cumplir con los servicios prometidos.
Las víctimas, provenientes principalmente de municipios como Valle de Bravo, Jocotitlán y Villa Victoria, reconocieron que el desconocimiento de los procesos oficiales y la intención de ahorrar tiempo influyeron en su decisión de confiar en estos supuestos gestores.
Pérdidas económicas y falta de certeza en trámites por fraudes
Los cobros por estos “servicios” oscilan entre 200 y 300 pesos, aunque en algunos casos las pérdidas han superado los cinco mil pesos, especialmente cuando se trata de múltiples trámites o vehículos.
La situación se agrava debido a que algunas personas ya habían realizado pagos oficiales, por lo que ahora enfrentan incertidumbre sobre el estatus de sus gestiones y los pasos a seguir.
Ciudadanos piden mayor vigilancia y acciones legales
Aunque en el lugar existe señalización que advierte sobre estas prácticas, los afectados consideran que las medidas son insuficientes. Señalan que la presencia constante de estos individuos dentro y en los alrededores de un edificio oficial genera la percepción de que cuentan con algún tipo de respaldo institucional.
Ante este panorama, ciudadanos analizan presentar denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al señalar que este problema es recurrente y requiere atención inmediata.
Propuesta de sanciones sigue pendiente
Cabe recordar que desde 2023 se ha planteado en el Congreso local la posibilidad de sancionar a los llamados “coyotes” con penas de seis meses a un año de prisión, además de multas económicas, por delitos como fraude y falsificación de documentos; sin embargo, esta propuesta aún no ha sido concretada.