Cynthia Gómez Colín
TOLUCA, México, 16 de Nov.- De acuerdo con el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, hoy en día un interno le cuesta a los mexiquenses aproximadamente 183 pesos diarios, pero si éstos tienen el beneficio de cumplir la condena en su hogar, ello implicará una inversión de 97.50 pesos, lo cual genera un ahorro, pero, sobre todo, un importante impacto social.
Por ello, se puso en marcha el programa de brazaletes electrónicos con la entrega de los primeros 100 dispositivos a un mismo número de internos, con el objetivo de disminuir el uso excesivo de la prisión como sanción penal, otorgando una oportunidad a los sentenciados para reinsertarse a la sociedad de forma exitosa bajo la supervisión y control del estado.
Acompañado por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y del comisionado estatal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández, Ávila Villegas precisó que estos brazaletes podrán ser otorgados a aquellas personas que están cumpliendo un sentencia condenatoria por un delito considerado no grave, que sean primo delincuentes, que su pena privativa de libertad no sea menor a tres años ni mayor de quince, hayan cumplido tres cuartas partes de la sentencia y cubierto la reparación del daño que ocasionaron.
“Ni un secuestrador ni un homicida calificado o violador podrá estar en la hipótesis del beneficio de estos brazaletes”, aclaró.
Durante la inauguración de Centro de Control y Monitoreo Electrónico, para el cual se invirtieron 5.6 millones de pesos, el mandatario estatal aseveró que este programa cuenta con un estricto control de manera satelital electrónica que permite conocer su ubicación exacta, así como sus desplazamientos, además emitirá una alerta en caso de que quien lo porte se lo quite o rompa el cerco de seguridad, perdiendo este beneficio cuando sea reaprendido.
“Los beneficiaros de este brazalete están plenamente advertidos de la sanción a la cual pueden incurrir en caso de que se viole esta disposición”, dijo.
Renato Sales Heredia señaló que estas acciones son trascendentales para los esfuerzos que emprenden el estado mexicano en torno a la política pública de seguridad y justicia, la cual aspira tener un enfoque de seguridad ciudadana que tenga como objetivo la diminución de la violencia para que la sociedad ejerza sus derechos en libertad.