Yamel Esquivel
TOLUCA, México, 1 de Abril.- Procesos electorales extraordinarios en el país evidenciaron que la violencia política de género va en aumento; actualmente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investiga 92 denuncias, a pesar de que el delito no está tipificado, por lo que es urgente legislar sobre el tema, afirmó, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade.
El fiscal reveló, no existe una disposición que refiera a la violencia política de género, sin embargo podríamos decir, son todas aquellas acciones u omisiones que genera un menoscabo o reducción de los derechos políticos de las mujeres.
“Cualquier acto que menoscabe o limite el ejercicio de los derechos políticos o el acceso a un cargo público, así como la posibilidad de ejercerlo libremente, ya es un caso de violencia de política de género.
Fue en el 2012, con las llamadas “juanitas”, mujeres que llegaron al Congreso de la Unión, e inmediatamente pidieron licencia para separarse de su cargo, permitiendo que los hombres que eran sus suplentes ejerciera las funciones.
A partir del 2014 con la Reforma Electoral donde se establece el principio de paridad, dijo, el problema se empieza a visibilizar más; dos años antes sólo se reportaron 2 casos de violencia política, para las pasadas elecciones sumaron 38 las denuncias, sin contar los procesos electorales de este año.
“Hoy hablamos de que la Fepade tiene 92 denuncias relacionadas con violencia política de Género, son actos que afectan el libre ejercicio de las mujeres o de violencia física, sicológica como campañas de desprestigio hacia alguna candidata, tan sólo por el hecho de ser mujeres, reducción de recursos a las campañas donde la candidata era mujer, sexual, se registró una agresión en Chiapas o de hostigamiento laboral como fue el caso a una Magistrada en San Luis Potosi, otro más el ataque a Lorena Nava, funcionaria del INE en Juchitlán, particularmente en esta situación se está a la espera de las órdenes de aprehensión”.
Nieto Castillo expuso la necesidad de contar con un marco normativo para tipificar esta violencia política de género, y no dejarla circunscrita a dos causales que actualmente se contemplan en la Ley Generar en Materia de Delitos Electorales.
Destacó la importancia de definir, tipificar e investigar delitos electorales con perspectiva de género, porque se avecinan 12 procesos electorales para elegir gobernador, se elegirán cerca de 965 ayuntamientos en el país, donde se podría dar este fenómeno.
“Tenemos que decirle a la ciudadanía que destruir materiales electorales es un delito y se castiga hasta con dos años de prisión; tenemos que decirles a las personas y funcionarios públicos que condicionar los programas sociales se castiga con hasta 9 años de prisión, también que no se condicione el voto, a los Ministros de un Culto que no se posicionen a favor de un candidato o partido político, ya que también constituye un delito que puede llegar hasta anulación de los comicios y finalmente que no se puede ejercer la violencia política de género”, concluyó.