TOLUCA, México, 3 de Julio.- La legisladora Xóchitl Arzola, del Partido de la Revolución Democrática, cuestionó el proceder jurídico del Juzgado Segundo en Materia de Amparo, con sede en Toluca, respecto a la solicitud de amparo colectivo interpuesta en contra del aumento a las tarifas del transporte del Valle de Toluca, y calificó de «absurdo» y «poco coherente», el resolutivo en el que esa instancia jurisdiccional pidió que los 34 mil firmantes se presenten a ratificar el procedimiento.\r\nLa diputada indicó que ese juzgado ni siquiera tiene la capacidad administrativa para atender a las 34 mil personas que pretende que se presenten a ratificar el procedimiento. «No atienden bien a los diez que citan cada día con audiencia programada, mucho menos van a tomar declaración y hacer firmar a 34 mil personas al mismo tiempo», aclaró.\r\nSin embargo, indicó que, en coordinación con los legisladores locales del Partido Acción Nacional (PAN) y organizaciones civiles como Metrobús Toluca Ya, que fueron quienes impulsaron el amparo colectivo en contra de este aumento que calificó como «injustificado», se motivará a los ciudadanos a que sí se presenten al Juzgado. «A ver a cuántos son capaces de atender», dijo.\r\nXóchitl Arzola señaló que paralelamente se trabajará conjuntamente entre PRD y PAN en las legislaturas federal y del Estado de México para impulsar acuerdos que favorezcan a quienes están siendo económicamente afectados por esta decisión que señaló como «autoritaria» de la secretaría del Transporte, de autorizar el alza a las tarifas.\r\nAclaró que son los estudiantes de secundaria, preparatoria y facultad, así como las amas de casa y los obreros, los más afectados con el aumento a las tarifas del transporte. «Cada familia de la clase trabajadora está invirtiendo diariamente hasta cien pesos solamente en transporte, cuando el salario mínimo en esta región es de 64 pesos con 74 centavos», apuntó.\r\nPor último, acusó «total falta de sensibilidad del Gobierno del Estado de México» para resolver el conflicto derivado del aumento a las tarifas del transporte, y estableció que «la secretaría del Transporte ni siquiera tiene la capacidad para vigilar que se cumpla lo que ordenó. Cada quien cobra lo que quiere», concluyó.