TOLUCA, México, 27 de Enero.- Eugenio Monterrey Chepov, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem), aseguró que la figura del testigo social contribuye al combate a la corrupción y se erige como un elemento sustancial para recuperar la confianza pública en las instituciones gubernamentales.\r\nLuego de asumir la presidencia del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México, a un año de su funcionamiento, señaló que, al ser la primera experiencia en esta materia en México, la entidad no sólo destaca como pionera en la instalación de tipo de espacios de participación, sino que ha obtenido excelentes resultados, por lo que dará continuidad a los logros impulsados por su antecesor, Eduardo Gasca Pliego, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).\r\nIgualmente, puntualizó que, si bien el seguimiento constituye una fórmula adecuada para conseguir buenos resultados, es indispensable dar inicio a nuevas tareas, por lo que enunció los principales retos de este Comité, en los que trabajará durante 2012.\r\nEn primer término, mencionó la importancia de analizar los alcances del reglamento del propio Comité, a fin de definir las posibles variaciones en su funcionamiento, además de adecuar la normatividad correspondiente. En un segundo momento, detalló que, con la experiencia y la vinculación que existen entre el Infoem y la UAEM, será viable estructurar, en conjunto con la Facultad de Derecho, los cursos de valoración de quienes aspiran a registrarse como testigos sociales, pues la importancia de esta figura es tal, que los interesados deberán cumplir con todos los requisitos solicitados.\r\n»Los integrantes de la sociedad civil que cuentan con experiencia en las adquisiciones de bienes y servicios destinados al sector público aportan un valioso seguimiento a los procedimientos de contratación pública que, por sus montos, es preciso transparentar y despejar de todo tipo de dudas, justificables o no, para dar buena marcha a estos contratos, en los que el dinero público debe utilizarse correctamente».