Toluca, Méx., 16 de marzo de 2009.- Habitantes del ejido de San Pedro Totoltepec se manifestaron la mañana de este lunes frente a la Casa Estado de México, para exigir una audiencia con el gobernador Enrique Peña Nieto, a fin de que cesen las presiones que un grupo de presuntos “sicarios” ejerce en su contra para obligarlos a vender sus tierras para la ampliación del aeropuerto internacional de Toluca.\r\nEncabezados por Santos Cedillo Padilla, presidente del comité del ejido de San Pedro Totoltepec, los vecinos se expresaron con mantas y pancartas en contra de la “represión” de tres sujetos a quienes identificaron como “el pollo”, “el ratón” y “el borrego”.\r\nSeñalaron que esos individuos han llegado a diferentes domicilios a amenazar a las personas de que “si no venden las tierras, pagarán las consecuencias”.\r\nRelataron que el pasado 31 de diciembre, esos tres sujetos arribaron a un domicilio y sacaron por la fuerza a una familia, y a un hombre se lo llevaron y luego apareció todo golpeado.\r\nCedillo Padilla explicó que los ejidatarios están en la mejor disposición de vender las tierras, siempre y cuando se les pague un precio justo por ellas. “Al principio nos ofrecían 115 pesos por metro cuadrado; en octubre del 2008 ya subieron el precio a 360 pesos el metro cuadrado, pero eso todavía está muy por abajo del precio y plusvalía que presentan esas propiedades.\r\nDetalló que en diciembre del año pasado recibieron un estudio muy serio de valuación elaborado por el Colegio de Arquitectos del Estado de México, en el que se determina que cada metro cuadrado de esas tierras debe ser pagada a razón de mil dólares; es decir, 14 mil pesos el metro cuadrado.\r\n“Si la autoridad y los empresarios que explotan el aeropuerto nos pagan nuestras tierras a lo que verdaderamente valen, con gusto las vamos a vender, pero si no es así, simplemente no nos van a sacar ni muertos”, indicó.\r\nSeñaló, por último, que estarán exigiendo una audiencia con el gobernador Enrique Peña Nieto, para que personalmente intervenga por ellos ante la administración del aeropuerto internacional de Toluca, instancia que, acusaron, aumentó el proyecto de compra de 150 hectáreas que en principio necesitaban a mil hectáreas de tierra, lo que afectaría a más de 2 mil 500 familias.\r\n