Agencia MVT / José Contreras Contreras
TOLUCA, México, 13 de Octubre.- Familiares de mujeres que hasta hace poco se encontraban internas en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, denunciaron su “traslado ilegal” a la nueva penitenciaría Neza-Sur, mejor conocida como Tepozanes, en el municipio de Nezahualcóyotl, en la zona oriente del Estado de México.
“El 26 de septiembre, en la madrugada, las sacaron de las celdas, a algunas con todo y sus hijos, y les dijeron que habría una reclasificación, toda la noche las tuvieron ahí, con el sereno de la madrugada, y después se llevaron a más de 80 de ellas en camiones, en un operativo con policías y soldados, sin darles siquiera tiempo de avisarnos a nosotros que somos sus padres, hermanos o esposos”, dijo Cecilia Márquez, una de las denunciantes.
Comentó que el sábado pasado, cuando debería llevarse a cabo la visita familiar, simplemente llegaron y ya no los dejaron entrar, porque les dijeron que las mujeres ya no estaban en el penal de Almoloya de Juárez, que si querían visitarlas, tendrían que ir a Nezahualcóyotl y hacer su trámite para darse de alta como familiares de las reclusas.
Advirtieron que el traslado de las internas viola todas la normatividad penitenciaria, pues en ella se establece que quien delinque debe ser recluido en una penitenciaría cercana a su domicilio, precisamente para que cuente con el apoyo de sus familiares.
“Se trata de un secuestro, se las llevaron sin notificación legal, existe un trámite que se debe hacer para cambiar de cárcel a todo interno, y en este caso no se cumplió con nada de eso, simplemente las sacaron de las celdas y se las llevaron de madrugada, para que nadie se diera cuenta”, acusaron.
Señalaron como responsable de esta maniobra a la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, por lo que exigieron la intervención del gobernador Eruviel Ávila Villegas y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque “se les está dejando en indefensión”.
“Muchas de las 80 mujeres que se llevaron de Almoloya de Juárez tenían que cumplir con audiencias en los procesos que se les siguen, y por su traslado no acudieron, por lo que no han podido defenderse, y las audiencias sí se están llevando a cabo, pero con las principales interesadas ausentes. Eso es ilegal”, reclamó Juan Pablo Velázquez, otro familiar.
Advirtieron que si no reciben una respuesta puntual de las autoridades y les regresan a las internas a Almoloya de Juárez, recurrirán a organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, además que tomarán medidas como marchas y bloqueos de vialidades, porque consideraron que les están violando sus garantías individuales.