TOLUCA, México, 1 de Julio.- Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández, presuntos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvado Atenco, no serán liberados del penal federal número uno, El Altiplano, porque, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, tienen en proceso todavía otras causas penales distintas a la de secuestro equiparado, que fue la que consideró infundada la Suprema Corte de Justicia de la Nación.\rEn un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública informa que pesan todavía en contra de los inculpados de San Salvador Atenco los delitos de Robo Agravado, en la causa penal 131/2006; Lesiones y daño en los bienes públicos, en la causa penal 116/2006; Despojo, en la causa penal 60/2006 y Ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, en la causa penal 15/2008.\r“Ayer se acató la resolución judicial decretando la inmediata libertad de Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández, única y exclusivamente por lo que hace al delito de secuestro equiparado instruido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no obstante, se deben cumplir los procesos judiciales correspondientes respecto a las demás causas penales para su externación definitiva”, indica el boletín. \rLa Secretaría de Seguridad Pública informo que el miércoles se recibieron en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, los oficios del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito de Toluca, Estado de México, ordenando la absoluta e inmediata libertad de Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández; internos en el CEFERESO No. 1 Altiplano. La instrucción judicial recibida se refiere a la causa penal 91/2006 por el delito de secuestro equiparado.\r“Por lo que respecta a la causa 15/2008 del fuero federal, instruida por el Juzgado 6º de Distrito en Cd. Nezahualcóyotl, los referidos internos se encuentran a disposición de esa autoridad jurisdiccional”, se añade.\rFinalmente, se indica que la dependencia federal, “en coordinación con la autoridad correspondiente del Estado de México, continuará dándole seguimiento a la situación jurídica de los internos”.\r