Agencia MVT / José Contreras Contreras
TOLUCA, México, 2 de Octubre del 2017.- En la presunta asignación irregular de notarías públicas del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas a “familiares y amigos como pago de compromisos políticos”, el principal responsable es el Colegio de Notarios del Estado de México, que preside Jorge Ramos Campirán, por caer en contubernio y ocultar información relevante que pudo evitar ese procedimiento, aseguró el doctor en Derecho, José Oscar Valdés Ramírez, quien promovió amparos en contra de esa medida y detuvo el proceso.
En conferencia, Valdés Ramírez explicó que cuando el Juzgado Segundo de Distrito, que es el que conoce del caso, solicitó al Colegio de Notarios los expedientes que acreditaban que los doce candidatos a notarios cumplían con los requisitos que establece la ley en esa materia, simplemente respondió “primero, que no los tenían, luego que sí los tenían pero que no los encontraban, y finalmente respondió que sí los tenían y que todos los aspirantes habían aprobado con 6 de calificación”.
Sostuvo que se trata de un flagrante contubernio entre el presidente del Colegio de Notarios Públicos, Jorge Ramos Campirán, ex secretario particular del ahora diputado federal, César Camacho Quiroz, con pretendió dejar “asegurados a sus amigos y cómplices políticos, mediante una notaría pública”.
A pregunta expresa, Valdés Ramírez afirmó que ninguna de las doce personas propuestas por el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas para el cargo de notarios cumple con los requisitos que marca la Ley de Notariado del Estado de México. “Si lo que pretenden es ignorar esa ley, pues que la deroguen y ya, porque de modo contrario lo único que hacen es incurrir en la ilegalidad.
Recordó que la autoridad federal ya decretó la suspensión de dos de los aspirantes a notarios públicos: Erasto Martínez, ex secretario de Infraestructura y jefe de la oficina de la Gubernatura, con Eruviel Ávila Villegas, y Mario Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del ex secretario General de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga, también en la gestión de Ávila Villegas.
También destacó que hay argumentos totalmente fraudulentos, como el intentar nombrar notarios públicos del estado de México a personas de Veracruz, como el director del DIF en la gestión de Duarte, ahora preso, o personas que en realidad radican en Acapulco, Guerrero, o en Chiapas, cuando la Ley del Notariado del Estado de México exige cinco años de residencia en la entidad y los mismos años de ejercicio profesional en el Estado de México.
Valdés Ramírez confió en que a más tardar en tres meses se combata jurídicamente el intento de asignación de las 12 notarías por el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, lo cual, precisó, sentará un importante precedente jurídico y advertirá a la clase política del país “que se acabaron los abusos del poder”.
