Luis Ayala Ramos \r\n\r\nNEZAHUALCÓYOTL, México, 8 de Sep.- Para tener una reforma política integral, urge en México aprobar la figura de revocación de mandato, porque las condiciones que las reformas hechas han creado en el país, así lo demandan, afirmó la secretaria de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Julisa Mejía Guardado.\r\nEn estos tiempos, aseguró la legisladora del PRD, en el que el cumplimiento cabal de las responsabilidades de cada uno de los tres niveles de gobierno y poderes de la Unión, están en duda por parte de la ciudadanía, es necesario darle certidumbre a los mexicanos de que podrán demandarles de que lo hagan o serán relevados del mandato que se les otorgó.\r\nMejía Guardado comentó que más que la frase protocolaria que se lee cada que toman protesta de un cargo, de «que si no lo hacen que la Nación se lo demande», hay que darle operatividad real, con normas que permitan cumplir con este precepto.\r\nComentó la legisladora que mediante el procedimiento de revocación de mandato, el electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público a quien él mismo eligió, antes de que concluya el periodo de su mandato, o a los que éste haya designado en su área de responsabilidad.\r\nSe consideran causales para que el electorado solicite la revocación de mandato de un funcionario público electo las siguientes: actos de corrupción, ineficiencia, violación de derechos humanos y pérdida de legitimidad.\r\nPuntualizó que esta figura de la democracia participativa que propuso al inicio de la actual LXII Legislatura, refuerza el control popular sobre el gobierno, permite a los votantes corregir fallas de los sistemas electorales, provocadas por errores en las papeletas de votación, fallas en los sistemas de conteo electrónico, entre otras.\r\nMejía Guardado, mencionó que en Europa se contempla en algunos cantones de Suiza, y en sistemas de democracias representativas existen disposiciones constitucionales y legales en 26 estados de Estados Unidos, que facultan a los electores para pedir la destitución de todos o algunos funcionarios públicos electos, aunque prohíben su uso durante los primeros 12 meses del mandato de los funcionarios y, en cinco estados, durante los últimos 180 días de ejercicio del cargo\r\n