TOLUCA, México, 10 de Feb.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga María del Carmen Sánchez Cordero, afirmó que actualmente la Carta Magna permea toda la interpretación jurídica en la función jurisdiccional, cuestión que no debe adoptarse como un simple discurso, porque para los juzgadores, profesionales del derecho, maestros y estudiantes, ya es una forma de vida, una actividad cotidiana y un compromiso personal en la noble tarea de impartir justicia.\r\nAl dictar la conferencia «La constitucionalización del ordenamiento, a partir del actual paradigma de los derechos humanos», en la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, expresó que es indudable que el país vive un momento importantísimo en la historia de los derechos, de tal forma que ahora los juzgadores del orden local, pueden hacer control constitucional y control difuso de convencionalidad, y no aplicar el derecho simple y llanamente conforme a la letra de la ley al momento de resolver controversias.\r\nYa no estamos en el tiempo de relatar, justificar, e incluso de cuestionar las bondades de la trascendental reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, dado que hoy, a más de un año y medio de distancia de su publicación y de su entrada en vigor, ha tenido en todo nuestro país múltiples aplicaciones y es fuente de criterios orientados a lograr la aspiración del jurista y de la sociedad en el anhelo de justicia, señaló.\r\nSánchez Cordero planteó que la impartición de justicia del presente, vuelve al origen de la función jurisdiccional; es decir, enraizar una actividad con el más puro ánimo y espíritu humanista, recordando que cada expediente, cada causa, cada toca que se presenta al conocimiento del juzgador, encierra una historia personal de mujeres, hombres, niños y de familias completas que esperan de los juzgadores una resolución para definir sus situaciones en conflicto.\r\n»No son meros expedientes fríos, tampoco números, es la vida de personas anhelantes de justicia», advirtió.\r\nSeñaló que la Reforma Constitucional del 2011, el tema de los derechos humanos y el control de convencionalidad conforman, hoy en día, una realidad jurídica en nuestro país, con alcances que paulatinamente tienden a consolidarse en la actividad jurisdiccional.