Toluca, Méx., 15 de octubre de 2007.- La Comisión legislativa de mediación en el conflicto de Zumpahuacán, dio a conocer seis propuestas que elaboró para darle gobernabilidad a esa demarcación, el Cabildo las aceptó y el Consejo Ciudadano las rechazó; por ello, esperan que sea el Ejecutivo del Estado quien en lo sucesivo atienda este problema.\r\nLos diputados del PRI, Cruz Juvenal Roa Sánchez; del PAN, María Elena Pérez de Tejada, y del PRD, Domitilo Posadas Hernández, integrantes de esta comisión de mediación, informaron que se pusieron como límite el 15 de octubre para construir un acuerdo entre las partes que se encuentran enfrenadas en Zumpahuacán.\r\nPor ello, elaboraron seis puntos que, a su decir, recogen las demandas del Consejo Ciudadano que desde hace mes y medio mantiene cerrado el Palacio municipal.\r\nLa primera refiere un plazo de 60 días para que el Órgano Superior de Fiscalización realice una auditoría financiera y de obra pública en Zumpahuacán.\r\nEl punto dos plantea que el Consejo Ciudadano entregue de manera inmediata las instalaciones municipales para que se reestablezca la prestación de servicios y se normalice el desarrollo de la administración municipal. \r\nEn el tercero, se da por cancelado el proyecto de relleno sanitario regional que se instalaría en la comunidad de Santa Ana Despoblado, asunto que, por cierto, fue el que dio origen al conflicto.\r\nTambién se dan por despedidos los 33 trabajadores del ayuntamiento que no son vecinos del municipio y se establece el compromiso de ocupar estas vacantes con personas que tengan su residencia en Zumpahuacán.\r\nEn la última propuesta, los integrantes del Ayuntamiento manifiestan su disposición para incluir en el programa de obras 2008, propuestas que realicen los integrantes del Consejo Ciudadano.\r\nSi bien cada uno de los diputados aseguró “que no se lavan las manos”, “que no avientan la toalla”, “que Zumpahuacán no está en un callejón sin salida”, sí dejaron en claro, “que no está en sus manos resolver este conflicto”.\r\nPor ello, a su decir, el Gobierno del Estado tendrá que buscar hábilmente una solución, ya que es la instancia legalmente facultada para iniciar la revocación de mandato de la alcaldesa, demanda que es la central del Consejo Ciudadano.