Agencia MVT / Cynthia Gómez Colín
TOLUCA, México, 16 de Agosto.- En el Estado de México podría constituirse un nuevo delito contra la economía denominado Obstrucción a la Inversión, mediante el cual se le podría sancionar al servidor público que no cumpla bien con su función de facilitador de la inversión productiva, con pena de tres a seis años de prisión o una multa que podría llegar a la destitución de su cargo.
Así lo anunció el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, al presentar un paquete de iniciativas en materia de Mejora Regulatoria que contemplan nueve ordenamientos legales, cinco leyes y cuatro códigos.
El mandatario explicó que con estas iniciativas pretenden fomentar la inversión de empresas extranjeras y nacionales en la entidad, así como el empleo y contribuir a la política de transparencia de combate a la corrupción.
Con estas reformas se propone crear el Dictamen Único de Factibilidad que reemplace a los seis que se requieren para abrir un negocio, la Comisión de Factibilidad integrada por seis consejeros y el Instituto Estatal de Verificadores.
Se busca imponer sanciones administrativas y penales para los peritos que no cumplan sus obligaciones o abusen en el desempeño de sus funciones.
Se crearía el Protocolo Electrónico para evitar que notarios o gestores hagan trámites personalmente en el Registro Público de la entidad, ahorrando en tiempo y dinero.
«Estamos poniendo dientes a esta iniciativa, a esta legislación, pretende sancionar a aquellos que abusen de su poder, facultad o competencia legal «, dijo.
Finalmente, Ávila Villegas señaló que con estas reformas, que esperan sean aprobadas por el Congreso local, pretenden que el Estado siga siendo vanguardia y atractivo para invertir.