TOLUCA, México, 2 de Feb.- Hasta el momento, en el Estado de México se encuentran asegurados 205 inmuebles que operaban como bares, restaurantes, cantinas, table dances, cervecerías, discotecas, salones de baile, entre otros giros, donde se demostraron ilícitos como la distribución de drogas, prostitución, trata de personas, inducción al consumo de estupefacientes a menores de edad y lenocinio, informó el Procurador General de Justicia, Alfredo Castillo Cervantes.\r\nEl abogado de los mexiquenses precisó que, sólo en los municipios de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Zinacantepec, hay 40 inmuebles asegurados, entre los que destacan los «centros nocturnos» conocidos como «Excálibur», «Dow Jones», «Tavars», «Upss», «La Estancia y «El Banboo», entre otros.\r\n»Esta es una muestra clara que estamos actuando con responsabilidad, seriedad y contundencia, y no nos vamos a detener así sean propiedad de quien sea. Si en un lugar de estos se comprueba la comisión de un delito, vamos a asegurarlo», advirtió.\r\nCastillo Cervantes indicó que en estas acciones han sido «liberadas» 190 mujeres a las que, con engaños o presión, se les obligaba a ejercer la prostitución. «Ahora esas personas están en posibilidad de regresar con sus familias y dedicarse a cualquier actividad lícita», puntualizó.\r\nComentó que la PGJEM realiza las consultas necesarias, incluso con la Procuraduría General de la República (PGR), para lograr que en esos inmuebles se aplique alguna disposición legal como la Extinción de Dominio o el Abandono de Dominio, lo que permitiría al Estado hacer uso de ellos o rematarlos y distribuir el recursos que se obtenga en acciones de prevención, combate y rehabilitación de farmacodependencia.\r\nPor último, Castillo Cervantes enfatizó que, con estas acciones, se logran tres objetivos específicos: primero, se evita la violencia social que generan los llamados «antros»; segundo, se aseguran sitios que regularmente utilizan los miembros del crimen organizado para sus reuniones en las que traman sus actividades ilícitas, y, tercero, se evita el cobro de cuotas de «derecho de piso» que los delincuentes aplican a los dueños de ese tipo de establecimientos, dinero con el cual financian sus actos ilegales.