TOLUCA, México, 29 de Mayo.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Octavio Germán Olivares, acompañado de su representante ante el Instituto Electoral del Estado de México, Francisco Gárate Chapa, y del asesor jurídico de la campaña panista, Gustavo Parra Noriega, presentó ante el máximo órgano electoral una Queja Electoral por falta de garantías para la realización de la campaña proselitista de Felipe Bravo Mena.\r\nLuego de entregar el documento ante la Oficialía de Partes del IEEM, Germán Olivares exigió que el órgano electoral actúe y practique tres medidas cautelares para evitar que los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sigan agrediendo al candidato del PAN a la gubernatura, Luis Felipe Bravo Mena.\r\nEn principio, señaló que el IEEM debe exigir al gobierno estatal que garantice la seguridad de quienes asisten a los actos proselitistas, «sobre todo pensando en las mujeres, personas de la tercera edad y menores que concurren a la campaña».\r\nTambién pidió que el IEEM llame directamente al Sindicato Mexicano de Electricistas, a través de sus líderes nacionales y estatales, para que eviten acciones violentas que ponen en riesgo a quienes de forma pacífica asisten a los actos de campaña del PAN.\r\nFinalmente, señaló que el IEEM debe hacer un llamado a todos los partidos y actores políticos para erradicar la violencia del proceso electoral, pues ésta en nada contribuye a los objetivos de incentivar la participación ciudadana en la elección de gobernador del Estado de México que tendrá lugar el próximo 3 de julio.\r\nLa misma queja, pero en forma de denuncia penal, la interpusieron los dirigentes del Partido Acción Nacional ante la Procuraduría General de la República, en contra del Sindicato Mexicano del Electricistas y/o Martín Esparza y/o Gustavo Anaya Maya y/o quien resulte responsable.\r\nEn declaraciones a la prensa, el dirigente estatal del PAN se quejó: «nosotros no hemos visto ninguna clase de seguridad en torno a los actos proselitistas de nuestro candidato, como sería la obligación del gobernador Enrique Peña Nieto garantizarla», concluyó.\r\n